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Maj
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Farsa y un acto de guerra

Hay escépticos pesimistas que sólo alcanzan a vislumbrar en los dirigentes religiosos y políticos, en los administradores de justicia, la farsa. No los culpo. Acaba de suceder en España, un hecho que tiende a corroborar la anterior premisa. El 14 de mayo fue suspendido por el Tribunal Supremo, Baltazar Garzón, de sus funciones como juez de la Audiencia Nacional, a partir de una querella presentada por agrupaciones ultraderechistas que lo mismo reinvindican la memoria de Francisco Franco como la memoria de Adolfo Hitler. La querella fue admitida por el magistrado de la Sala de lo Penal, de ese supremo tribunal, Luciano Varela.

En la querella se acusó al juez Garzón de prevaricato, sobre la base que este magistrado, meses antes se declaró competente y dispuesto a investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil, y durante la subsecuente represión antirepublicana desatada a lo largo del régimen franquista.

La verdad de lo sucedido alrededor de los crímenes atribuidos al régimen franquista, es una deuda que el Estado español tiene pendiente ante la historia y el mundo, y que los gobiernos de ese país sucedidos desde la muerte del dictador, por cobardía o complicidad se han negado a saldar. Temen, dicen, reabrir heridas; como si la experiencia humana dictara que callar los crímenes es la mejor manera de asegurar la paz. ¡Todo lo contrario! La misma fulminante y sumarísima actuación de la Sala de lo Penal y de Luciano Varela en contra de la rectitud de un juez, que pretende la verdad de lo acontecido, demuestran, que aún no hay paz en España.

Esa sala y el juez Varela, parecieron actuar por encargo de las agrupaciones ultraderechistas acusadoras, antes que por la prevalencia de la jurisprudencia. Hicieron caso omiso al inusitado apoyo que en España y el mundo, le brindaron a Garzón, colegas, políticos, periódicos, artistas, intelectuales, víctimas del franquismo y de las dictaduras latinoamericanas. La Sala de lo penal y Varela evidenciaron mayor urgencia en desacerse de un juez prestigiado y respetado en el mundo entero, que de probar la razón o sin razón de la acusación de prevaricato. ¡Un auténtico acto de guerra en contra de la justicia en España! 

Las agrupaciones ultraderechistas querellantes, la querella presentada, la Sala de lo Penal y el juez Luciano Varela, se colocan así, como los grandes protagonistas de la farsa a la que estamos asistiendo; pues lo que realmente ocurre detrás de ésta trágica pantomima es el desesperado batallar del Partido Popular de Mariano Rajoy, José María Aznar y Esperanza Aguirre, con el propósito de echar por tierra las investigaciones abiertas por el juez Garzón, alrededor de una amplia trama corrupta relacionada con blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. En estas pesquisas se ha llegado a imputar a 71 miembros y mandos del partido de Rajoy, Aguirre y Aznar. En el ámbito noticioso y judicial, dicha trama investigada se conoce como `Caso Gürtel´.

Desde los tiempos más remotos, se ha teorizado acerca de la mejor manera de juzgar, sentenciar y castigar el delito de un modo imparcial y eficaz; y sin embargo, la administración de la justicia en nuestros días es uno de los fracasos más estrepitosos del Estado contemporáneo. Hay demasiados inocentes cumpliendo condenas por delitos que no cometieron, y muchos delincuentes libres y activos.

La independencia del poder judicial, uno de los pilares atribuidos a la democracia, generalmente resulta en que indagaciones que llevan a resolver y someter a la justicia, tramas compuestas y urdidas por gentes de mucho poder, que minan al estado de derecho, y afectan profundamente la economía y la moral de la sociedad, como el caso Gürtel, sólo es posible por la valentía y coraje que muestran algunos pocos jueces como Baltazar Garzón.

Una de las mayores debilidades del poder judicial, organizado de esta manera según el Espíritu de las Leyes (Montesquieu), es que cuando se trata de investigar indicios delictivos cometidos por gentes pertenecientes a estratos poderosos y muy bien situados, de la sociedad, la mayoría de jueces competentes se muestran inhibidos, apáticos y carentes de la moral y la valentía suficientes. No pocas veces llegan algunos juzgadores a la complicidad con la delincuencia de alto nivel.

Caso contrario, cuando de juzgar estratos débiles y desprotegidos de la sociedad, se trata; estos mismos jueces se muestran minuciosos, dinámicos, inflexibles y hasta despiadados.

El juez suspendido por el Tribunal Supremo es una clara excepción a la tendencia mostrada por la inmensa mayoría de jueces, humildes ante los poderosos y soberbios ante los débiles. Esto hace de Baltazar Garzón poseedor de un currículo impresionante. Dictó orden de arresto contra Augusto Pinochet; se pronunció contra Henry Kyssinger, por promover éste la instauración de dictaduras criminales en Latinoamérica; promovió investigaciones contra la pasada dictadura militar argentina, que desembocaron en la condena del represor Adolfo Silingo; solicitó al Consejo de Europa, el desafuero de Silvio Berlusconi, para que fuese juzgado por actos de corrupción; puso en marcha investigaciones alrededor de sospechosos ilícitos cometidos por el el banco BBVA, el más grande y poderoso de España; criticó duramente al gobierno de George Bush por actos arbitrarios en perjuicio de ciudadanos de varios países, en el marco de la `guerra antiterrorista´.

Ciertamente, como en todo ser humano, en las actuaciones del juez Garzón se pueden encontrar discrepancias, y una que otra extravagancia, como es el caso de su enconada actitud en contra de corrientes que buscan separar de la `invertebrada España´, sus respectivas nacionalidades. Pero la insuficiencia moral y la poca valentía para enfrentar ilegalidades de los poderosos, en que incurre la generalidad de juzgadores, no se pueden encontrar en Baltazar Garzón.

De modo, que lo actuado por el Juez Luciano Varela y de la Sala de lo Penal, en contra de Garzón y la justicia en general, se vuelve pues, deleznable. Da alas a poderosos delincuentes que tiene la habilidad de aforarse políticamente para ponerse a salvo de investigaciones judiciales. Fortalece las tendencias neonazis  que pugnan por volver al poder del Estado. Debilita y corrompe de esta manera al Poder Judicial. Mina peligrosamente las bases del Estado de Derecho. Perpetúa la deuda de España ante el mundo que necesita conocer la verdad de los crímenes franquistas. En fin, el acto de guerra, del juez  Luciano Varela magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contribuye a invertebrar aún más de lo que ya está, la España de Ortega y Gasset, y reafirma la sospecha de farsantes que recae, entre otros estratos dirigentes de la sociedad, sobre los administradores de justicia.

                                                                                                                                                                                   Urías Eleazr


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