04
Aug
10

Sentencia Sala de lo Constitucional

(El Salvador)

La Sala de lo Constitucional de la Corte suprema de Justicia había anunciado con suficiente antelación que estaba por emitir sentencia en relación a la demanda de inconstitucionalidad, presentada por Félix Ulloa (ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral), sobre el articulado del Código Electoral que impide candidaturas independientes a diputados y alcaldes. Y sin embargo, al conocerse la inminencia del fallo, cayó ésto como un rayo en el sereno cielo de todos los partidos políticos sin excepción, inclusive el FMLN.

El fallo de la sala ha sido declarar inconstitucional el articulado demandado por Ulloa, con lo cual cobran legalidad las candidaturas independientes a diputados y alcaldes, y muy probablemente esa legalidad se revele extensiva a las candidaturas de presidente y vicepresidente de la república.

El 28 de julio, un día antes de la fecha en que se emitiría juicio, se hizo presente a la sede de la Sala de lo Constitucional un fuerte lobby de presión compuesto por diputados de los partidos mayoritarios, con intención de obligar a los magistrados a que desistiesen de pronunciarse.

Al darse cuenta de la inevitabilidad de la sentencia, corrieron apresuradamente los diputados al salón azul, a instalar la 59 sesión plenaria para, en horas de la madrugada cuando la mayoría de los salvadoreños dormía, y con dispensa de trámite, reformar de manera atropellada los artículos 126 y 202 a fin de que quedara constitucionalmente establecido y contrapuesto al fallo de la Sala, que es indispensable la pertenencia a un partido político para poder optar los cargos de diputado y alcalde.

La voluntad de los magistrados no fue doblegada por ese madrugón legislativo y el 29 de julio, la Sala de lo Constitucional, cuando muchos legisladores cabeceaban el desvelo, declaró legal la postulación de candidatos  a diputados y alcaldes que no pertezcan a partido político alguno.

Todas las cúpulas partidarias sin excepción (incluso del FMLN) se han rasgado las vestiduras, y vertido ceniza sobre sus cabezas en señal de luto, lloro y ánimo de venganza.

¿Qué ha sucedido?

¡La Sala de lo constitucional ha colocado un torpedo bajo la línea de flotación a la nave de corrupta antidemocracia en la cual navegan todos los partidos políticos sin excepción.

El actual sistema electoral coloca a las cúpulas partidarias en condición de intermediarios entre los candidatos y el pueblo elector. En relación al caudal de votos y los candidatos a diputados, impone el sistema un método de cascada. Colocados los diputados en una lista en orden de la preferencia de la cúpula partidaria, el cabeza de lista recibe plenamente el caudal de votos agenciados por su partido. Este candidato acumula de esos votos exactamente el número necesario que se requiere para ser electo. Los votos sobrantes van cayendo en cascada hacia el resto de candidatos, cada uno de los cuales acapara la cantidad exacta que garantiza su elección y fluye el resto de sufragios hacia más abajo de la lista.

Los candidatos a diputados de menos confianza para las dirigencias partidarias son colocados en los lugares más bajos de esas nóminas, en donde las posibilidades de ser electos son mínimas.

 De este modo no son los candidatos preferidos por el pueblo los que llegan a la Asamblea Legislativa, sino los candidatos preferidos por las cúpulas partidarias. Queda de este modo burlada la voluntad popular. Los diputados así electos legislarán no al servicio de los intereses populares, lo harán en cambio al servicio de las susodichas cúpulas. Se consolida de esta manera el sistema por el cual, las jefes de partido utilizan el juego político para colocarse en posiciones de poder que les permitan después enriquecerse ellos y sus allegados.

Son éstas mismas cúpulas las que escogen entre sus leales el candidato a alcalde, quien igual que los diputados, una vez electo se dedicará a gobernar al servicio de sus jefes políticos.

A corto plazo tiene mayor peso el fallo de la Sala de lo Constitucional que el burdo manoseo que de la carta magna hicieron los diputados la madrugada del día en que la Sala fallara, pues el dicho fallo tendrá que ponerse en práctica en las elecciones de alcaldes y diputados del 2012. Y sin embargo a largo plazo tendería la balanza a inclinarse favorablemente a los detractores de las candidaturas independientes, pues para que el cambio impulsado por los magistados que han actuado se consolide, se necesitaría todo un cuerpo de leyes al que que seguramente los diputados se mostrarán renuentes a dar forma.

El histórico paso dado por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, es pues, apenas un primer y tímido intento hacia el desmontaje del viejo obsoleto y corrupto sistema de grandes privilegios a favor de los dirigentes partidarios que de tal modo se volvieron déspotas todopoderosos e hicieron de sus respectivos partidos la gallinita de los huevos de oro.

Se ha abierto una brecha para que el sistema sea infiltrado por el crimen organizado, dicen. Pero es precisamente la penetración de los partidos por el crimen y su transformación en corporaciones cuasi mafiosas el fenómeno que empuja a la ciudadanía a aprobar lo actuado por los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

El crimen organizado es capaz de penetrar cualquier sistema, media vez hayan diputados incapaces de legislar honradamente, y sí capaces de legislar a favor del crimen; y media vez hayan políticos dispuestos a venderse; especies sumamente abundantes en nuestro país. 

Lo que está en cuestión es un sistema que se ha demostrado obsoleto, corrupto y contrario a la democracia, por lo que es requerida una radical transformación del Código Electoral, lo cual debería de servir para que los diputados abandonen su narcótico letargo y se dediquen a trabajar en lo que deberían y por lo que se les paga onerosos salarios: desmontar leyes obsoletas y crear otras nuevas y más justas leyes que cierren paso a la delincuencia y al crimen organizado!

En el marco del corrupto sistema todos los partidos políticos sin excepción han elevado al órgano legislativo, no a elementos capaces de legislar, sino únicamente capaces de levantar la mano a una señal del jefe de fracción

El crimen organizado penetra a los partidos y compra candidatos a través de financiar sus campañas; de ahí que cae por su peso que los congresistas salvadoreños deben, además, crear una ley que limite drásticamente lo que un partido o un candidato independiente deben gastar en campaña electoral. Deben crearse asimismo leyes que obliguen a la dimisión a legisladores o gobernantes que pierdan la confianza de sus electores, y crear mecanismos democráticos para comprobarlo.

Las cúpulas partidarias se han negado a ver en lo actuado por los magistrados un paso hacia la modernización del Código Electoral. Lo consideran una doble afrenta histórica en contra de su poderío acumulado, ya que la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, contiene una ordenanza al congreso de la república, a fin de que, en efecto, se den a la tarea los legisladores de crear una ley para el control y transparencia de los fondos de campaña de los partidos políticos.

Los peones incondicionales de las cúpulas de partido (los señores diputados) prometen que la venganza será terrible. La Asamblea Legislativa tiene en sus manos, dicen, los mecanismos necesarios para desbaratar el fallo de la Sala de lo Constitucional, y para destituir y condenar al ostracismo a cada uno de los magistrados que votaron a favor de la sentencia dictada.

                                                                                                    Juan López


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