27
Okt
10

Legislar a favor del crimen

Acuciosos observadores del quehacer legislativo dan cuenta que la plenaria de la tercera semana de octubre del 2010, en la que los parlamentarios salvadoreños derogaron la enmienda aprobada en diciembre del 2009, al artículo 91 del Código Tributario, fue una sesión extrañamente aletargada. Cualquiera hubiese asegurado que los diputados de todo el espectro político habían acudido a la sesión con la mente ausente, como desvelados.

La derogatoria de esa enmienda exime de, al final del año fiscal, presentar declaración patrimonial ante el Ministerio de Hacienda, a las personas naturales que gozan de las rentas más altas del país. Estas personas no pasan de 9000, y significan más o menos el 0.11% del total de los salvadoreños residente en el país. ¡Un porcentaje insignificante!

Las bancadas de derecha unificaron sus votos a ese fin. El partido en el gobierno (fmln), considerado por muchos, de izquierda, quedó sólo en su oposición a esa derogatoria.

Según comentaristas independientes, a pesar que el partido en el gobierno fue el impulsor de la enmienda en diciembre del 2009, la defensa que hizo esta vez el fmln de ella fue una defensa a desgano, al ralentí, como quien no quería la cosa. La actuación del partido fmln pareció tener únicamente el propósito que quedase constancia noticiosa de su voto negativo, pero no mostró la férrea defensa de su posición que se esperaba.

Sin embargo, mientras no se produzca la correspondiente sanción presidencial sobre esa derogatoria, la enmienda en cuestión seguirá revistiendo importancia capital. Seguirá significando, ni más ni menos que la piedra angular sobre la cual el gobierno habría de estructurar su estrategia contra la corrupción y contra el crimen organizado.

La enmienda del artículo 91 del código Tributario aprobada en diciembre del 2009, debería suponer el punto de partida para que El Salvador rompa definitivamente con su ominoso pasado de corrupción política, enriquecimiento ilícito y pobreza crónica; y enrumbar definitivamente como nación, a integrarse al siglo XXI.

La secretividad respecto del patrimonio de políticos, empresarios, banqueros y hombres de negocio, ha sido hasta hoy día, la vía hacia el enriquecimiento ilícito. En otras palabras, ha sido la causa del crónico empobrecimiento del país, pues las riquezas mal habidas y concentradas en manos corruptas, significan los recursos que deberían haber servido para el progreso y el desarrollo de El Salvador. Actualmente dicha secretividad constituye el auxiliar más eficaz para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Todo salvadoreño con dos dedos de frente lo entiende así.

Mientras no haya sanción presidencial a la derogatoria, la enmienda al artículo 91 del Código Tributario, seguirá poniendo cerco, a tres causas fundamentales de violencia y empobrecimiento en nuestro país: la evasión fiscal, el enriquecimiento ilícito y el lavado de narco dólares.

La influencia del crimen en la política y las estructuras del Estado no es un fenómeno nuevo; por el contrario es un fenómeno recurrente desde los tiempos de Al Capone, que si en Estados Unidos es causa de un deterioro político cada vez más grave, en países institucionalmente débiles como los países del triángulo norte de Centroamérica, provoca el colapso moral del Estado y la política, y desata la violencia más salvaje por parte de la delincuencia en contra de los estratos más desprotegidos de la sociedad.

El llamado “sistema de libertades” en estos países no es otra cosa pues, que un retrógrado proceso en que las instituciones del Estado van cayendo progresivamente bajo la influencia del crimen organizado, la delincuencia callejera y la corrupción de la política.

Guatemala y Ciudad Juárez nos sirven para ejemplificar el punto culminante de este nefando proceso regresivo, que la clase política llama con indisimulado entusiasmo “sistema de libertades”.

La directa influencia del crimen en la política es fácilmente detectable, en aquellos políticos incapaces de justificar con argumentos válidos y coherentes sus decisiones; y es más fácil aún detectar esa influencia en los políticos que llegan a la vulgaridad por defender lo moralmente indefendible.

Los parlamentarios salvadoreños impulsadores de la derogatoria de la enmienda al artículo 91 del Código Tributario, argumentan que evitarían con ello que las más acaudaladas personas naturales de El Salvador se vean víctimas de secuestro y extorsión. Y sin embargo, un somero estudio de las estadísticas policiales es suficiente para darse cuenta, que a partir de los acuerdos de paz , los ricos en El Salvador están a salvo de la delincuencia por múltiples razones muy concretas.

Los delincuentes que han hecho del secuestro y extorsión, su especialidad y forma de vida, son de baja calaña. El objetivo de estos delincuentes son los estratos populares de la sociedad, los pequeños y medianos empresarios y comerciantes; ciudadanos particulares, cuya condición económica es tan modesta, que no están obligados a presentar declaración patrimonial ante el Ministerio de Hacienda. Los pandilleros ni siquiera se preocupan en estimar si sus víctimas tienen o no capacidad de pago. A quien no paga  lo que se le exige, simplemente lo matan, amparados los delincuentes a la sombra de la ineficacia policial y judicial

Ni las pandillas callejeras, ni el crimen organizado atacan a los ricos, porque éstos se protegen mediante agencias privadas de seguridad y pequeños ejércitos privados, cuyo entrenamiento y arsenales suelen ser equivalentes, si no mejores que los de la PNC y el ejército.

En cuanto a la acción delincuencial, los ricos se han vuelto invulnerables. Sólo un amplio movimiento político militar de carácter insurgente, como en el pasado, sería capaz de hacer mella en el blindaje con que se protegen hoy día los ricos en El Salvador.

Hubo un diputado que en su desfachatez por defender la derogatoria que nos ocupa, llegó a sugerir, en el lenguaje más vulgar que le fue posible, que en la actitud del Ministerio de Hacienda de exigir declaración patrimonial a las rentas más altas de El Salvador, podría esconderse la malicia de favorecer el secuestro y la extorsión.

Evidentemente la derogatoria de la enmienda al artículo 91 de el Código tributario de la República de El Salvador, es una regresión legal a favor de la evasión fiscal, el enriquecimiento ilícito y al lavado de narco dólares.

La tibieza con que el fmln defendió la enmienda de ese artículo podría deberse a razones distintas a las que tuvo la derecha para derogarlo, pero no por eso, tal desgano partidario deja de cobrar cierta consonancia con el propósito de los derogadores.

A la cúpula de un partido político que se ha reconvertido en partido empresarial, en el marco de la cultura capitalista salvadoreña, tampoco le convendría que se le pueda exigir declaraciones patrimoniales, así como lo pretende el Ministerio de Hacienda.

Aún falta la sanción o el veto presidencial para que se vea quebrada o no, la columna vertebral de la estrategia gubernamental contra la corrupción y el crimen organizado. Mauricio Funes tiene la palabra.

Urías Eleazr


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