27
Nov
10

Leyes a favor del crimen

Los hechos

Conduciendo su vehículo por las calles de San Salvador, Eduardo Martínez, corresponsal para Centroamérica del noticiero “Cierre de Edición”, canal 62, Los Ángeles, California, hizo un alto obligado sobre la calle El Progreso y la avenida Bernal, lo cual aprovechó un grupo de hampones para encañonarlo con una pistola, deteniendo de ese modo la marcha del vehículo.

Le pidieron su teléfono celular.

Eduardo Martínez entregó su celular.

Le pidieron el dinero que portaba consigo.

Martínez  entregó su dinero.

Pero cuando los asaltantes quisieron despojarle del automóvil, le salió lo gringo al corresponsal angelino y con un rápido movimiento echó mano a su pistola, se lió a tiros con los hampones hasta ponerlos en fuga. En el rifirrafe, Martínez logró herir levemente a uno de los malhechores.

A poco de reanudar la marcha, el periodista estadounidense encontró un patrulla policial e informó de lo ocurrido. Entraron en zafarrancho de acción los agentes, luego de lo cual, después de una minuciosa batida, se pudo capturar a dos de los asaltantes de Martínez. Uno de esos dos era el herido.

En el careo de rigor la víctima reconoció y acusó a sus victimarios ante los agentes del orden. Por su parte el delincuente  herido también reconoció y denunció a Martínez, como el autor del disparo que le había impactado.

Resultado de la asesoría recibida por abogados dedicados profesionalmente a su defensa, y por policías amigos, no pocos hampones se han vuelto expertos en utilizar una serie de  leyes que en nuestro país, diseñaron ciertos diputados para darle ventajas al delincuente sobre sus víctimas.

Los agentes del orden, decidieron entonces, ante ambas denuncias, detener a los asaltantes y conducirlos a las bartolinas de la legación policial; pero a la vez decidieron hacer lo mismo con la víctima, el asaltado Eduardo Martínez.

Aún siendo evidente la condición de víctima del periodista, como evidente la condición de victimarios y delincuentes de los otros, la policía colocó a todos por igual, en la misma categoría de sospechosos. De modo pues, que víctima y victimarios iban en calidad de detenidos hacia las bartolinas de la PNC. Aquellos por asaltar y robar al periodista; y éste por herir en defensa propia, a uno de los malhechores.

Mientras eran conducidos a la legación policial, los asaltantes, seguramente sonreían, no pudiendo disimular el regocijo que les causaba que su víctima estaba en la misma condición de ellos.

Seguramente dirían los hampones: –Así aprenderán a no oponer resistencia estos malditos!

A todo esto, las pérdidas económicas del corresponsal estadounidense comenzaban a marcar niveles considerables. Había perdido su teléfono y con él, valiosa información de tipo laboral. Había perdido importante cantidad de dinero que utilizaría tanto para asuntos personales como laborales. Cada hora que pasaba detenido trastocaba su esquema laboral; el conjunto de esas pérdidas y contratiempos conllevaban, a la vez, la pérdida de muchas horas trabajo.

Seguramente los agentes se estaban rigiendo por pautas que marcan la ley de procedimientos policiales, por lo que dejaron en claro que el periodista víctima de los hampones estaría detenido el tiempo necesario hasta que fuera posible comprobar que el estadounidense actuó en defensa propia.

¡Menudo lío! pues los únicos testigos que podían afirmar o desmentir la versión del asaltado eran los mismos asaltantes!

Los medios no han dado seguimiento a la noticia, pero seguramente que en la práctica la Policía Nacional Civil, liberó a la víctima de los hampones, sin que se hubiese agotado el requerimiento de demostrar defensa propia en el hecho, pues, como ciudadano norteamericano la embajada de su país habría de haber intervenido pronto, y desfacer el entuerto.

 

Análisis

Procedamos entonces al análisis concreto de la situación concreta.

¿Qué sucede (de hecho, ha sucedido infinidad de veces), cuando no es una personalidad con respaldos poderosos, sino un incógnito Juan Pérez el causante de herir de bala en defensa propia, a un maleante que le asalta?

Seguramente que la detención de Juan Pérez se prolongará por días o semanas puesto que cada intento investigativo por parte de la policía, en ausencia de testigos, chocará una y otra vez la palabra de la víctima con la palabra de sus victimarios, aunque a éstos últimos pueda comprobarse largo record delictivo.

En la era digital, comprobar el expediente criminal de un sospechoso es posible en fracciones de minuto.

Según el tenor de el procedimiento policial, aunque los asaltantes sean reconocidos criminales, en cuanto no se compruebe que la víctima actuó en defensa propia, ésta continuará detenida indefinidamente.

A esto hay que agregar que el incógnito Juan Pérez no es experto en leyes policiales, como sí lo son los criminales que lo asaltan, gracias a la asesoría de sus abogados y ciertos policías.

Si Juan Pérez fuese un trabajador, probablemente que en el período que durase su detención, perderá el trabajo por motivo de ausencia prolongada a sus obligaciones laborales.

Y si Juan Pérez fuese un pequeño o mediano empresario, de seguro que la marcha de su empresa, durante el período de su detención, se entorpecerá, caería en el caos y ese caos le conduciría a la posibilidad de quiebra.

Si no hay quiebra, habrán significativas pérdidas económicas; pero si hay quiebra, se agudizarán los indicadores nacionales de crisis económica y desempleo.

Ahora bien. Según los políticos y comerciantes propiciadores de la ley que liberaliza la comercialización, tenencia y portación de armas de fuego, esta ley es un magnífico instrumento a favor del pueblo honrado, para que “pueda éste defenderse de los delincuentes”.

Y sin embargo lo sucedido al periodista angelino Eduardo Martínez, que es lo mismo que ha sucedido a muchos salvadoreños de a pie, nos viene a demostrar que las leyes que tienen que ver con las consecuencias de el uso de armas de fuego para defenderse de la delincuencia, significan, para el ciudadano honrado una traicionera trampa de resultados imprevisibles, mientras que para el delincuente victimario significan una vía hacia la impunidad.

El Estado salvadoreño será un Estado traidor mientras no desmonte las traidoras leyes que dan una clara ventaja a la delincuencia, por sobre el pueblo honrado y trabajador, y elabore nuevas leyes que hagan lo contrario, y eliminen de una vez todo comercio y uso de armas por parte de civiles.

Si para Eduardo Martínez el uso del arma de fuego en defensa propia, tuvo limitadas consecuencias, porque en su apoyo seguramente se movilizó la embajada del país más poderoso del mundo; para el pobre e incógnito Juan Pérez que por pura dignidad no cultiva la amistad de los políticos, esas consecuencias generalmente son tan nefastas que le cambiarán de la manera más terrible el curso de su vida.

Mientras tanto comerciantes, contrabandistas de armas y diputados a su servicio, continuarán enriqueciéndose cada día más, sobre la sangre de víctimas y victimarios.

 

Conclusión

Las leyes que liberalizan comercio, portación y tenencia de armas de fuego, y demás normativas que tiene que ver con las consecuencias de ello, son leyes a favor de la delincuencia y en contra de la ciudadanía honrada de El Salvador.

¿Cómo no va cobrar auge y poder la delincuencia en nuestro país cuando los “padres de la patria” se dedican a repensar y diseñar leyes a favor del crimen?

 Lobo Pardo


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