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Dec
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Dos gobiernos infaustos; el fondo del abismo; reactivar el ACNUR

Hace un par de días, un joven y humilde trabajador dedicado a la instalación de cocinas de gas, fue secuestrado en la urbanización Altavista, jurisdicción de Ilopango, y permanece, hasta hoy, desaparecido. Según el decir del vecindario, la pandilla local le tenía bajo sospecha. La conducta del joven no era del agrado de los delincuentes.

El pueblo salvadoreño carga sobre sus espaldas dos gobiernos igualmente arbitrarios, injustos, impositivos e indiferentes a las necesidades de los pobres: el gobierno legalmente electo, y el gobierno del crimen organizado en forma de milicias pandilleras.

Los ricos pagan impuestos solamente al gobierno legal, porque detrás de los altos muros y guardas que les rodean, se sitúan fuera del alcance del largo brazo pandillero. Los pobres, sin embargo, que viven en la desprotección, se ven obligados a pagar impuestos al gobierno legal y al gobierno pandillero. A esto súmese que en El Salvador, proporcionalmente y por disposición de la injusticia de las leyes, los pobres pagan más impuestos al gobierno legal, que los grandes ricos.

¡La situación de los salvadoreños humildes y trabajadores, bajo la férula de dos gobiernos igualmente arbitrarios es explosivamente desesperante!

No sólo contribuciones directas impone al pueblo humilde el gobierno pandillero; también le impone toques de queda, prohibiciones, obligaciones y tareas.

Tal situación le imprime a la política salvadoreña cierto tétrico surrealismo. A los momentos que se combaten entre sí, sobrevienen otros momentos en que ambos gobiernos coinciden en victimizar al pueblo humilde y trabajador. Por ejemplo, la reciente plenaria en que la asamblea de diputados reunió votos suficientes para decretar un compás de espera en el que se brindan todo tipo de facilidades para la legalización de las decenas de miles de armas en situación ilegal que día a día escupen su fuego homicida, sobre todo en perjuicio del pueblo llano, colocándolo de este modo en el punto de encuentro de las ingratas pinzas de un doble gobierno cuya resultante es un terror, mucho más agobiante que el que imponía el aparato del Estado sobre la sociedad civil en tiempos del conflicto armado.

Por fortuna, el presidente Funes, tuvo la sensatez de vetar el mentado y ominoso decreto legislativo. Aunque claro está, los mal llamados padres de la patria que lo promovieron seguirán pujando en la misma dirección hasta alcanzar su objetivo de imponer en el país, más violencia, más balazos, más inseguridad; en fin, consolidar el nefasto poder de los comerciantes de armas, de las agencias privadas de seguridad y de la delincuencia.

Son cuatro los sectores sociales que se ven favorecidos con el constante bregar de los diputados responsables de mantener la liberalización del comercio, contrabando, portación y uso de armas de fuego en El Salvador.

En primer lugar se favorecen las milicias pandilleras al servicio del crimen organizado; las familias oligárquicas que se hacen proteger por pequeños ejércitos privados; los dueños de agencias privadas de seguridad que han hecho de la violencia generalizada, su gallinita de huevos de oro; y políticos de todos los colores que se mueven en este ambiente de terror como peces en el agua, rodeados de guardaespaldas.

El Guaje, punto de inflexión, y la necesaria intervención de la ONU

El antes densamente poblado cantón El Guaje, jurisdicción de Ilopango, territorio en disputa de pandillas rivales, es hoy un poblado fantasma y en ruinas.

En días recientes la inmensa mayoría de los pobladores abandonaron el lugar en masa, obligados por tanta muerte, por la impunidad con que actúan los pandilleros; en fin, por la total ausencia en ese cantón, de la autoridad del gobierno legalmente constituido.

Hace dos años había ahí un puesto de policía que antes que los pobladores abandonó el cantón, dejándolo a merced del gobierno pandillero; entre otras razones porque las pandillas hacen uso de armas de guerra, mientras que la policía utiliza solamente armas cortas y en mal estado.

Como en el conflicto armado de los años ochenta, la guerra entre el gobierno legal y el gobierno pandillero, está causando un número cada vez más creciente de desplazados. En un principio eran una o dos familias las que cada cierto tiempo abandonaban sus hogares ubicados en zonas asediadas por pandillas.

Las milicias pandilleras al servicio del crimen organizado, toman posesión de las casas abandonadas, a vista y paciencia de las impotentes autoridades del gobierno legal.

Hay miles de casas en todo el país, de ese modo ilegalmente en poder de pandilleros, y que, contrariamente a como debería de ser, el gobierno Funes-fmln, no mueve un dedo para recuperarlas y restituirlas a sus legítimos dueños.  Esta situación se da no solamente en zonas remotas del país, sino en la misma ciudad capital, por ejemplo, La Campanera, Colonia IVU, Las Delicias, residencial Modelo, etc, etc, etc…

El abandono del Cantón El Guaje por parte de sus pobladores, está marcándonos un punto de inflexión en la escalada que en la guerra de baja intensidad entre los dos gobiernos que padecemos, está sucediendo. 

Ya no son sólo esporádicas familias que pasan a condición de desplazados. Hemos trascendido a la etapa de comunidades enteras obligadas a desplazarse, a causa de esta infausta guerra que promete ser interminable.

A diferencia del pasado conflicto civil, en que una de las fuerzas beligerantes, pretendía trastocar el orden de cosas, imponer un sistema nuevo, y liberar al pueblo de la opresión; en la guerra que se libra hoy día, ambas fuerzas beligerantes prometen la continuidad del régimen explotador, caótico, opresivo, y en constante guerra interna. Ambas fuerzas son parte de un mismo sistema de dos gobiernos. De este sistema, el crimen organizado es ya parte consustancial e indisoluble. Su principal negocio es el narcotráfico, en el que la clase política está comprometida hasta el cogote.

El obligado desplazamiento del 99.9% de los vecinos de El Guaje, y la exasperada actitud del director general de policía ante los periodistas que, igual que Sócrates transforman cada respuesta en una nueva pregunta, dan la impresión que el gobierno Funes-fmln va en camino a perder la guerra en contra del crimen organizado, y que la corriente de desplazados, por su parte, va camino a multiplicarse.

La ONU debe actuar y el ACNUR debe volver a cobrar vida en este país. El poblado fantasma que es hoy El Guaje, es el más fehaciente testimonio que El Salvador ha tocado el fondo del abismo.

Pablo Perz


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