03
Jan
11

Año nuevo, peor justicia: Augurio del Dios Guzmán

En el año 2010, se abrieron un aproximado de 75 investigaciones alrededor de presuntos delitos cometidos por jueces, relacionados al desempeño de sus cargos. Si se suman a éstas, las investigaciones acerca de supuestos delitos administrativos cometidos por otros funcionarios públicos, resulta un total de 256 investigaciones abiertas.

Desde 1996 a la fecha, se han acumulado un total de ochocientas denuncias en contra de jueces, sospechosos de una gama de delitos que van, desde concusión, falsedad documental (en diversos grados), apropiación indebida, actos arbitrarios, introducción al interior de centros penales de objetos prohibidos con destino a delincuentes, malversación de fondos, peculado, cohecho, prevaricato, etc, etc…

De éstos 800 casos, solamente algunos contados con los dedos de la mano, han sido investigados y resueltos. El más reciente ha sido el del juez José Arias, acusado de introducir objetos prohibidos destinados a reclusos del penal La Esperanza; objetos que son utilizados para continuar delinquiendo desde el interior del penal. A pesar de las fuertes evidencias en contra del juez Arias, éste fue liberado de cargos por el Juzgado de Paz de Ayutuxtepeque.

Según palabras del fiscal general de la república, se deduce que la institución que él dirige tiene la capacidad para resolver, a lo largo del año que recién comienza, el 40% de las denuncias de corrupción que involucran a jueces y otros funcionarios públicos.

Los esfuerzos que lleva a cabo la FGR para remozar la deplorable imagen de la justicia salvadoreña, tienen sus propias peculiaridades.

Dentro de éstas peculiaridades destacan que en las 800 denuncias acumuladas de corrupción judicial y ejecutiva, no aparece involucrado ningún funcionario de alto rango; sino, únicamente, jueces y empleados de rango bajo.

También destaca la labor depuradora de la Fiscalía, en que en los pocos casos que han terminado en sentencias condenatorias, mientras que los empleados civiles son obligados a cumplir su condena en los términos perentorios que marca la ley; a los pocos jueces condenados, se les favorece con medidas sustitutivas, por ejemplo, servicio social.

No sólo la FGR está desplegando esfuerzos por adecentar el deteriorado rostro de la administración de la justicia, también hacen lo suyo, el congreso de diputados y la corte Suprema de Justicia, lo cual nos permite abrir el nuevo año con la instalación de nuevos tribunales, que implican nuevas leyes, como la ley para la protección integral de la niñez y la adolescencia; y las reformas al Código Procesal Penal.

Se ve pues que el gobierno se esfuerza en tratar de reducir la colosal mora judicial que la justicia salvadoreña adeuda al pueblo salvadoreño, y a los observadores internacionales.

Pero en todo esfuerzo, surgen advertencias y reparos, antes de llegar a la feliz realización de metas.

Ya se ha dejado escuchar la voz, ni más ni menos que del mismísimo fiscal general de la república, quien exige al gobierno central un refuerzo presupuestario de 19 millones de dólares, para que la FGR pueda desenvolverse con eficacia en el marco de las nuevas leyes vigentes.

También ha hablado al respecto el influyente magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulises del Dios guzmán.

Guzmán advierte que el sistema judicial carece de la organización e infraestructura, necesarias, para que los nuevos tribunales y las nuevas reformas legales puedan funcionar. Según este magistrado, lo que se ha creado con las nuevas disposiciones, es únicamente el anuncio de una mayor ineficacia y mora, judiciales.

Esto quiere decir que las reformas al Código Procesal Penal, la ley de protección a la niñez y los nuevos tribunales, legalmente entraron en vigencia el primer día del 2011, pero estarán imposibilitados de resolver algún caso que les sea demandado.

Arremete el magistrado Guzmán en contra de el propio órgano del cual él mismo es integrante, la Corte Suprema de Justicia, atribuyendo a esta alta institución, carencia de estrategia respecto de los objetivos de la justicia en El Salvador, y acusa a su presidente, Belarmino Jaime, de falta de visión.

Para la mayoría de salvadoreños, impartir justicia no requiere de otra cosa que de la buena voluntad, la valentía y honradez de los jueces respectivos.

No obstante, la carencia de organización e infraestructuras adecuadas en el sistema; falta de visión y carencia de estrategia a nivel de la CSJ. Aunado ésto a la entrada en vigencia del reformado Código Penal, la ley LEPINA, y sus respetivos tribunales, no resultará en otra cosa que una peor justicia en el 2011. Augura para El Salvador del Dios Guzmán.

Ahmed Goliat


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