03
Jan
11

Magistrados ¿Infiltrados? ¿presionados?

El Salvador

 

(…. Acaba de ocurrir el caso de Marvin Alberto Chicas Barrera, asaltante de buses, quien al ser capturado en flagrancia, lanza una certera amenaza a sus víctimas y a sus captores: “Quien me acuse, que se dé por muerto, pues cuando salga libre me vengaré”, declaró ante los medios noticiosos, seguro de la real posibilidad de cumplir con su amenaza, por la ventaja que le ofrecen las leyes del país, ante sus víctimas y ante los agentes del orden …)

 

Las juiciosas primeras sentencias emitidas por los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, despertaron en amplios sectores de la sociedad salvadoreña, la sensación que el cambio prometido por el gobierno Funes-fmln, por fin tocaba tierra. Y sin embargo  las sentencias dictadas en las últimas semanas del 2010 nos dejan el mal sabor que la nueva Sala de lo Constitucional, no es otra cosa que una más de esas burbujas tan de moda, que estallan cuando menos se espera, llenándonos de frustración.

Las últimas resoluciones de dicha Sala, emitidas el año pasado dan la impresión de un verdadero regalo navideño para la delincuencia.

La pena máxima de 75 años de cárcel para delitos de gravedad, es un poderoso recurso disuasorio, sobre todo, en lo que al combate antipandillero se refiere, pues son los pandilleros los que cometen los crímenes más atroces en El Salvador. Y sin embargo los magistrados de la nueva Sala de lo Constitucional, declaran ilícita la pena máxima, bajo el argumento que esa disposición del Código Penal viola el artículo 27 de la Carta Magna que establece como finalidad la resocialización del delincuente.

Aunque deberían hacerlo, no toman en cuenta, los magistrados, la diferencia que hay entre el delincuente profesional y el delincuente casual.

Menosprecian, o tal vez desconocen, esos letrados, la gravedad del fenómeno pandillero en nuestro país.

Este fenómeno implica, extensos sectores, incluso altos y medios; y no sólo de los estratos bajos de la población, que han hecho de la violencia delincuencial su modo, su filosofía de vida; en fin, su cultura; llegando a constituir una seria amenaza para la seguridad del Estado y el orden de cosas, vigente.

Estamos ante una forma de organización criminal, en la cual el pandillero jura de por vida y bajo pena de muerte, lealtad a sus jefes y a la actividad delictiva. El pandillero no conoce escrúpulos ni límites de gravedad para sus acciones. Causa gran daño económico, social y moral a la sociedad salvadoreña; y en mayor medida a los estratos humildes, porque las pandillas hacen de los barrios y cantones pobres, sus territorios bajo control, en donde, ante la impotencia del gobierno legalmente constituido, ejercen su propio, nefasto y despótico gobierno sobre la población salvadoreña.

No habiendo en la práctica concretos programas de readaptación social en los centros penales de este país, resulta improcedente aliviar, en el tiempo, el castigo de los sentenciados por delitos graves, porque esto sólo significa, devolver a peligrosos criminales, al medio social, con la misma o peor voluntad delictiva que cuando fueron condenados.

El artículo 346-B, del Código Penal, manda que una persona con antecedentes penales que sea sorprendida con armas de fuego en situación ilegal, recibirá una pena mayor a la de un ciudadano que no tiene antecedentes.

La Sala de lo Constitucional, sin embargo, declara ilegal que se castigue con una pena mayor al delincuente con antecedentes.

Confirman de esta manera, los magistrados que componen esta Sala, su tendencia a colocar al mismo nivel a delincuentes de largo record con el ciudadano sin antecedentes, que es la misma ominosa tendencia de colocar al mismo nivel a víctimas y victimarios.

Demuestran en sus últimas resoluciones vivir, los magistrados del caso, en una suerte de torre de marfil, ausentados de lo que acontece en la realidad de la sociedad salvadoreña. Es claro que en El Salvador, los delincuentes de largo record son de la más alta peligrosidad. Generalmente son pandilleros irredimibles.

Estamos ante un caso jurídico sui géneris sobre el cual es necesario debatir exaustivamente.

Acaba de ocurrir el caso de Marvin Alberto Chicas Barrera, asaltante de buses, quien al ser capturado en flagrancia, lanza una certera amenaza a sus víctimas y a sus captores: “Quien me acuse, que se dé por muerto, pues cuando salga libre me vengaré”, declaró ante los medios noticiosos, seguro de la real posibilidad de cumplir con su amenaza, por la ventaja que le ofrecen las leyes del país, ante sus víctimas, y ante los agentes del orden.

En El Salvador, respecto del crimen organizado, no aplica el principio que todo ciudadano es igual ante la ley. En este país no es conveniente, que los delincuentes profesionales sean medidos con la misma vara con que se mide al ciudadano carente de record delictivo. La lealtad a este principio nos llevará irremisiblemente a un Estado fallido, en donde el gobierno real caiga en manos del crimen organizado.

En esa misma tendencia, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, declaran ilegal que se castigue con igual pena el homicidio consumado que el homicidio frustrado, lo cual queda establecido en el artículo 129-A del Código Penal.

Esto es que para los susodichos magistrados, el sicario que no pudo concretar el asesinato para el que había sido contratado, porque se le encasquilló el arma, o porque su víctima logró escapar o repeler el ataque, merece entonces una pena menor.

Asumen los magistrados de marras, que el pandillero que no pudo matar a la víctima que sus jefes han condenado, en la primera ocasión, no volverá a intentarlo de nuevo.

En la misma tónica, tales magistrados, declaran inconstitucional el artículo 235 del Código Procesal Penal que determina un plazo de 72 horas para que la fiscalía presente ante un juez al hechor capturado en flagrancia por la policía, y no establece plazo cuando el acusado está en calidad de reo ausente.

Según entonces, los flamantes magistrados que nos ocupan, cuando el delincuente ha sido plenamente identificado, pero logró escapar de la policía, merece un plazo límite para ser apersonado ante un juez, a partir del cual, su delito tendría que prescribir.

Es ciertamente extraña la tendencia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En lugar de resolver a favor de crear nuevas leyes que llenen los vacíos legales que existen en beneficio de la delincuencia, tienden a que la colosal ineficacia y mora de los tribunales del país, resulte en una masiva liberación de malhechores, independientemente de su peligrosidad.

Pretenden los magistrados del caso, que reconocidos criminales, cuyos abogados, han presentado recurso de casación, y los tribunales correspondientes no resuelto en el tiempo perentorio, sean puestos en libertad.

Escapa a la lógica de semejantes letrados que lo que procede, para proteger a la sociedad salvadoreña, es reformar la ley para que la ineficacia del poder judicial, en cuanto a resolver recursos de casación en el término legal, no obligue a la liberación de criminales de amplio record, cuya culpabilidad ha sido demostrada, juzgada y sentenciada.

Muy poco tiempo bastó para que los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, demostraran que en terrenos de la administración de justicia son capaces de actuar con igual, o peor negligencia, o tal vez malicia,  que sus antecesores. Queda demostrado pues, que como sus antecesores, están los nuevos magistrados interpretando las leyes a favor de la delincuencia.

Cuando tal cosa sucede, tal como dice el presidente Funes, es lícito sospechar que los administradores de justicia están siendo penetrados, o tal vez presionados por el crimen organizado.

Froilán Sánchez


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