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Decreto legislativo 743

Está sucediendo el más desconcertante y a la vez decepcionante fenómeno político en El Salvador en mucho tiempo.

El cambio que por décadas y décadas esperaba el pueblo salvadoreño con el mismo anhelo de quien espera un mesías redentor; el mismo cambio que utilizaron Mauricio Funes y el fmln, como promesa para alcanzar al poder, por fin vislumbró en el lejano horizonte de la política del país.

El vislumbre del ansiado cambio se dejó ver en las actuaciones de cuatro de los más recientes magistrados miembros de la Sala de lo Constitucional, quienes, no pretenden ninguna revolución tampoco, sino únicamente cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República.

Mas cuando fue evidente que las actuaciones de esos cuatro magistrados tendían a desmantelar el estado de corrupción que impera en nuestro país, se han lanzado en contra de ellos, con objeto de neutralizarlos y aún de destituirlos y quizás encarcelarlos, principalmente, Mauricio Funes y el fmln (Arena se retracta de su actuación; el fmln la mantiene y radicaliza).

Medardo Gonzales, coordinador general del fmln en un acto de exhibición de su ya conocida mezcla de arrogancia e ignorancia, supinas, acusó a los magistrados, de usurpar atribuciones propias del órgano legislativo. La acusación de Gonzales en contra de los magistrados, seguramente marcará su futuro político, pues le retrata de cuerpo entero: un enano político de pensamiento minúsculo y aburrida oratoria.

Hay que ser enano político y de pensamiento para no darse cuenta que la sola aplicación de la Carta Magna vigente, es por hoy, el mayor y más poderoso agente de cambio en nuestro país. Esto es lo que han hecho los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional: aplicar la Constitución de la República. Exactamente lo que se habían negado a hacer todos los magistrados, titulares y suplentes de esa sala, por décadas y décadas de anteriores gobiernos en El Salvador.

Lo primero que hicieron al tomar posesión de sus cargos, los cuatro nuevos magistrados, fue denunciar el deplorable estado de lujos, despilfarros, corrupción, ineficacia, nepotismo, complicidad con lo ilícito… en que convivían magistrados y empleados la Corte Suprema de Justicia; forzando con ello la destitución de los empleados más comprometidos.

Los magistrados de la CSJ gozan de cierta inmunidad, no pueden ser destituidos por tales causas.

Al perfil mostrado por los cuatro nuevos magistrados, los antiguos magistrados de la CSJ, como Ulises del Dios Guzmán, llamaron autoritarismo, antidemocracia. Les sometieron a todo tipo de escarnio, con el objetivo de desmoralizarlos. “Los cuatro magníficos; los cuatro del apocalipsis”, les apodaban, rebajando con ello hasta la vulgaridad, su condición de alta magistratura.

La actuación de esos cuatro magistrados, es pues a todas luces, revolucionaria.

Y lo extraordinario del fenómeno que estamos viviendo no es solo esto. También lo constituye el hecho que la cúpula efemelenista, que viene de militar en un movimiento revolucionario, se coloque hoy en una posición absolutamente reaccionaria.

La posición del fmln causa gran perjuicio al pueblo salvadoreño; puesto que atacar a los cuatro magistrados constitucionalistas, no resulta en otra cosa que agravar la crisis delincuencial y de corrupción institucional que por largas décadas de malos gobiernos, padece el pueblo salvadoreño.

Y qué explicación podría caber ante el hecho que aquellos antiguos y ardientes propugnadores del cambio (Funes-fmln), ahora que ese cambio comienza a estar al alcance del pueblo, se vuelven contra él?

Explicaciones pueden haber muchas, pero antes de intentarlas, vale bien advertir que cae como anillo en trompecuche, a la cúpula efemelenista, el calificativo favorito que ellos mismo suelen utilizar contra sus críticos: traidores! Traidores al pueblo que creyó en su promesa de cambio!

Los cuatro magistrados comenzaron su labor revolucionaria, declarando inconstitucional el inciso del artículo 191 del Código Penal, bajo el cual se protegía Enrique Altamirano para mentir, difamar y manchar impunemente, la honorabilidad de sus detractores ideológicos, utilizando para ello las páginas de su deplorable periódico.

Luego declararon ilegal, dichos magistrados, la “partida secreta presidencial”, que se engordaba con el traspaso de fondos ministeriales presupuestados y no invertidos, a favor de la presidencia. Tal partida secreta no era otra cosa que herramienta para el enriquecimiento ilícito de presidentes como Paco Flores y Antonio Saca; herramienta de la que, Mauricio Funes y el fmln, contrariamente a lo prometido en campaña, estaban muy interesados en preservar su vigencia.

Los magistrados en mención, obligaron al Tribunal Supremo Electoral a legalizar las candidaturas a diputaciones que surgieran independientes de partidos políticos, y a ilegalizar las listas electorales cerradas, que obligan a la ciudadanía a votar por el autoritarismo de las cúpulas partidarias y no por los candidatos de su preferencia. Obligaron esos magistrados a este mismo tribunal (TSE), a revocar la magistratura de políticos que ilegítimamente formaban parte de él.

La labor de los cuatro magistrados de la Sala de lo constitucional, apenas comenzaba a sanear de tanta porquería el sistema vigente en nuestro país.

Y fue demasiado pronto que vino a rebalsar la paciencia de la clase política. Sucedió cuando declararon ilegal, esos magistrados, el decreto que devolvió a la vida a dos partidos, exacto paradigma de la corrupción de la política: el Partido de Conciliación Nacional, partido del estamento militar, iniciador de la represión en contra del movimiento popular que condujo a la guerra civil; y el Partido Demócrata Cristiano, que accedió al poder en plena guerra, y recrudeció la represión indiscriminada que afectó por igual a luchadores populares y a civiles inocentes.

Ambos partidos fueron rescatados de morir mediante un decreto inconstitucional de la Asamblea Legislativa. Este decreto impidió depurar el ámbito de gran cantidad de sanguijuelas que no pueden vivir de otro modo que parasitando los recursos del Estado.

La Sala de lo Constitucional está, por ley, conformada por cinco magistrados.

Dr. José Belarmino Jaime (Presidente)  

2.       Dr. Florentín Meléndez Padilla

3.       Lic.  José Néstor Mauricio Castaneda Soto   

4.       Lic. Edward Sidney Blanco Reyes                

5.       Dr.  Rodolfo Ernesto González Bonilla           

Uno de ellos, Nestor Castaneda Soto, de conocido retrógrado pensamiento, se opuso siempre, con tenacidad a la labor constitucionalista de sus compañeros magistrados. La labor de éstos, sin embargo, marchaba indetenible, puesto que a la hora de votar una resolución, Castaneda Soto quedaba en minoría.

He aquí entonces que sucede lo inconcebible. La corrupta clase política, representada en la Asamblea Legislativa, consensúa el decreto 743, que pretende obligar a la Sala de lo Constitucional a resolver únicamente en base a la unanimidad de sus miembros, es decir, resolver por mutuo acuerdo de los cinco magistrados, y no por mayoría como se venía resolviendo hasta ahora.

Esto quiere decir que un solo magistrado (Nestor Castaneda Soto), tendrá el poder de detener la labor revolucionaria de sus cuatro compañeros.

Fue un típico madrugón. Una jugada mafiosa. La iniciativa se presenta y vota, sorpresivamente, sin discusión, y se aprueba con dispensa de trámites. Para cuidarse las espaldas, el fmln, no vota, el resto de votos son suficientes, pero muestra su anuencia de diferentes maneras. En tiempo record el decreto llega a manos del presidente Funes, y éste, en tiempo record lo sanciona y envía a que se publique en el Diario Oficial. La cámara en pleno aplaude con entusiasmo.

El más entusiasta es Medardo Gonzáles, coordinador del fmln. “Esto es ya ley de la república; los magistrados están obligados a acatarla”, dice.

Ignorante! Se ha metido a legislador y desconoce que la misma ley establece que en materia de Constitución y de la aplicabilidad o no de las leyes y decretos, la Sala de lo Constitucional es la autoridad suprema a lo largo y ancho de este país. Los cuatro susodichos magistrados han resuelto que el decreto legislativo 743 es inaplicable y entramos en un punto muerto, a la parálisis de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; a la agudización de la mora judicial de este país.

Corolario:

En materia constitucional, por ley, quienes deben acatar son los parlamentarios y no al revés.

El madrugón de la clase política en perjuicio de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, y la sospechosa apresurada sanción presidencial del decreto 743, no son otra cosa que una aberración política que seguramente vendrá a agravar el estado de delincuencia y la crisis económica que oprimen a los salvadoreños.

La delincuencia es la única beneficiaria del entrampamiento de la justicia en nuestro país, y en la medida que la delincuencia se agrava, la crisis económica se profundiza.

Por esto mismo es que es absolutamente incomprensible que, luego de sancionado el decreto 743, que resulta de lo más nefasto para los salvadoreños, “Misión cumplida! Buena faena!” hayan proclamado al unísono, la clase política, el presidente, el fmln, luego de lo cual todos ellos se aplaudieron a si mismos y de pie.

                                                                                                                                                                                                      Ahmed Goliath


3 Responses to “Decreto legislativo 743”


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