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El cambio prometido: un salto hacia atrás

El Salvador

En su necio juego a ser Dios, el ser humano es la única criatura de la naturaleza capaz de burlar la ley de la evolución, distorsionarla, estancarla; obligarla a retroceder.

Y esto es lo que está sucediendo en el enfrentamiento que la clase política en su conjunto, mantiene en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Había en nuestro país, la grave necesidad que el aparato de justicia diera muestra de que no ha perdido la capacidad de evolucionar. Que diera muestra que aún se puede encontrar un poco de decencia entre los hombres y mujeres responsables de administrar la justicia.

Por décadas y décadas se quejó el pueblo, que la corrupción de abogados, notarios, jueces, magistrados y fiscales, no conoce límites; que la justicia tiene precio; que el pueblo pobre no tiene recursos para comprarla; que la delincuencia y el crimen, ante el aparato de judicial, gozan de derechos y garantías, de las que el pueblo pobre carece. Invariablemente, por décadas y décadas, cada vez que los organismos internacionales, correspondientes, y el congreso norteamericano, evalúan al sistema judicial de El Salvador, le adjudican el mismo sustantivo: corrupción.  

Aconteció entonces que en el congreso de diputados, se dieron las condiciones adecuadas para que fuesen nombrados, cuatro de los muy pocos abogados honestos que existen en este país, magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, en sustitución de otros cuatro cuyo período llegaba a su fin. La Sala se compone de cinco magistrados.

Se trató de un caso excepcional. Primera vez en muchísimos años que a esa Sala llegaban letrados con la suficiente honestidad y voluntad de ejercer su magistratura, de manera independiente, ante los otros órganos del Estado, como lo manda la constitución.

Instalados en sus puestos de trabajo, y luego de un detenido examen y evaluación in situ, de las condiciones laborales existentes al interior de la CSJ, estos cuatro nuevos magistrados descubrieron, no sin asombro, que estaban ubicados, ni más ni menos que en el centro mismo de la podredumbre del sistema judicial salvadoreño. Descubrieron ahí, nepotismo, despilfarro, prevaricato, venta de empleos, lujos excesivos, ineficacia administrativa; salarios, dietas, viáticos, exorbitantes; y sobre todo una mora judicial de diez años.

La Sala de lo Constitucional, cuya jerarquía le concede la presidencia de la CSJ, comenzó entonces su labor, impulsando una seria depuración de personal administrativo, y depuración de estilos, métodos y costumbres a nivel del máximo organismo judicial.

Como era de esperarse, los nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional, se ganaron asimismo la animadversión de el resto de magistrados de la CSJ, acostumbrados a la holgazanería laboral, a la corrupción administrativa, a lujos, privilegios y placeres excesivos. El más iracundo de los viejos magistrados, era cierto, que se dice entregado a Dios, y que recién había regresado de una orgiástica pupuseada acontecida en Los Angeles California. Este magistrado había viajado, cubierto gastos personales, y pagado las pupusas y cervezas consumidas, con fondos de la CSJ.

Pero no sólo sus colegas se pusieron en guardia en contra de los cuatro nuevos magistrados; también lo hicieron los partidos políticos con representación parlamentaria. Esto se debió a que los cuatro magistrados desengavetaron, desempolvaron las más viejas demandas de inconstitucionalidad, presentadas a la corte por la ciudadanía, y emitieron sentencias que afectaron gravemente, en sus privilegios, a los partidos políticos, y afectaron en sus privilegios, incluso, al presidente de la república.

A Mauricio Funes afectó gravemente que los magistrados declararan inconstitucional, el derecho del presidente, a hacer uso discrecional de fondos presupuestados y no invertidos, por los ministerios del gabinete de gobierno. Este mecanismo era una eficaz herramienta que tuvieron anteriores mandatarios para enriquecerse ilícitamente, ellos y su equipo de asistentes y asesores.

A los partidos políticos afectó el hecho que las sentencias emitidas por los magistrados tienden a entregar al pueblo llano más atribuciones y participación, políticas, en lo referido a elecciones populares, y en cuanto a impugnar elecciones amañadas. Los partidos ven en tales sentencias, una amenaza a su poderío político, que en materia de elecciones y gobierno, les eleva a la condición de dioses del Olimpo, y sojuzga al pueblo llano bajo la entera voluntad, capricho, y bajo la cultura de nepotismo y corrupción de los partidos políticos.

Ciertamente El Salvador es uno de los países del mundo en el que fundar y dirigir un partido político, como se dirige una empresa privada, es un floreciente negocio. Vivimos el auge de nuevos partidos, y de partidos que por no cumplir los requisitos de ley para funcionar como tales (PCN – PDC), recurren a un sarta de triquiñuelas para no abandonar el negocio que es la política salvadoreña.

Se lanzaron entonces, los restantes magistrados de la CSJ y los partidos políticos a la guerra político jurídica, en contra de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Les han amenazado con la remoción, la destitución, incluso la detención; pero todas estas embestidas se han estrellado en el muro de la transparencia y calidad interpretativa de las leyes de la república por parte de dichos magistrados.

Al frente de las fuerzas que guerrean en contra de esos magistrados, y mostrando mayor beligerancia, ha cobrado nuevos bríos el fallido matrimonio, Funes – fmln.

A pesar de la solidaridad mostrada a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la sociedad civil, el presidente Funes y el resto de la clase política, no cejan en su empeño. Es que son demasiados inmorales privilegios que amenazan desaparecer para la clase política, producto de las sentencias emitidas por dichos magistrados.

En el más reciente capítulo de esta guerra en contra de la independencia del Poder Judicial, el presidente Funes ha puesto en manos de la Asamblea Legislativa, una iniciativa tendiente a reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales, que es la ley bajo la cual se amparan los magistrados para interpretar la carta magna, actuar independientemente, y emitir sentencia. Es pues la ley que justifica la razón de ser del Poder Judicial de la república.

En esa iniciativa el presidente Funes, sabedor que la correlación de fuerzas al interior de la CSJ es favorable a la corrupción y a los ilegales privilegios, propone dar poder de voto a los magistrados suplentes, para  que los susodichos cuatro magistrados constitucionalistas se vean en minoría, y con ello impedidos de emitir sentencia.

Sabedor que el director del Diario Oficial, es un simple empleado a las órdenes del presidente, y con el precedente que este director se ha negado a publicar sentencias, por órdenes superiores; propone en su iniciativa, Mauricio Funes, que las sentencias de la Sala de lo Constitucional, cobren legalidad, únicamente si son publicadas en el Diario Oficial.

La manera que Mauricio Funes está utilizando el poder que le confiere su condición de presidente de la república, en el ámbito constitucional, asemeja pues, a un elefante ebrio en medio de un bazar de fina cristalería.

El ciudadano presidente, con pleno apoyo del fmln, está proponiendo a los salvadoreños, complicar, estancar, desbaratar los procedimientos constitucionales, paralizando con ello la administración de justicia en su máximo nivel; favoreciendo así de manera indirecta, la impunidad y el crimen.

En materia de evolución de la CSJ, lo mismo en materia de constitucionalidad, Mauricio Funes propone, un retroceso en el tiempo.

En otras palabras, aquellos que llegaron al poder prometiendo cambio a los salvadoreños , nos revelan ahora, la clase de cambio que tienen en la mente: un salto hacia atrás.

Matla Xochitl


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