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Juicio caso jesuitas y evolución moral

¿Porqué es conveniente para el país, un verdadero juicio a los implicados en el caso Jesuitas?

Este juicio, podría dar paso a la evolución moral de la sociedad salvadoreña.

Es un tema poco estudiado en nuestro medio, pero no complicado de demostrar: la moral y cultura de la clase dirigente, influyen poderosamente a las clases subordinadas.

El culto a la muerte en El Salvador, cuyo principal ejecutor es la delincuencia de todo nivel, y que nos concede el dudoso honor de ser uno de los países más violentos del mundo, es el primer responsable del estancamiento económico de nuestro país.

El desprecio a la vida ajena que imponen los delincuentes en el país, aleja al turismo internacional y disminuye drásticamente el turismo nacional, por amedrentamiento. Aleja la inversión extranjera, y por esta razón, ciertos inversionistas salvadoreños prefieren hacerlo en otros países (otros lo hacen para serruchar el piso al gobierno de turno).

La mortífera violencia delincuencial impone el estancamiento, la crisis y la quiebra a la pequeña y mediana empresa, porque éstas se ven obligadas a tributar no sólo al Estado y a las municipalidades, sino también a las maras.

El tributo exigido por las maras es más arbitrario que el exigido por el Estado y la municipalidad; las maras castigan la evasión con la muerte.

La pequeña y mediana empresa son la mayor fuente de empleos en El Salvador, y la mayor fuente de tributaciones al fisco. Esto quiere decir que la violencia delincuencial está golpeando duramente al motor más importante de la economía de nuestro país.

La criminalidad empobrece por partida triple a El salvador, porque paraliza al más amplio sector económico; por la enorme cantidad de viudas, viudos y huérfanos desprotegidos que va dejando a lo largo y ancho del país; y por el alto índice de jóvenes preparados y productivos entre las víctimas de los asesinos.

Pero ¿qué es lo que concede tanto poder a la delincuencia en El Salvador?

El crimen organizado cuenta con muchos recursos y dinero, sobre todo producto del narcotráfico. Las pandillas son sus milicias territoriales y se apertrechan de los comerciantes legales e ilegales de armas, y de los malos elementos de las agencias privadas de seguridad, policía y fuerza armada. Existe además un complejo entramado de diputados, alcaldes, abogados, jueces, fiscales y hasta magistrados, que compiten por defender, favorecerse y participar de los negocios de la criminalidad. De estos negocios participan incógnitos miembros de la clase dirigente.

Hay demasiado poder político, económico y estatal detrás de la actividad criminal en El Salvador.

El culto a la muerte de que hace gala la delincuencia en nuestro país, está pues, íntimamente asociado al poder que ostenta. Es el poder obtenido por su capacidad y decisión de segar vidas de todas las edades, sin escrúpulo alguno y por cualquier pretexto. Este poder se consolida por la impunidad a que se ve obligado conceder, por ineficaz, el Estado al asesino.

El poder devenido de la capacidad de aterrorizar y matar fue pues, el signo que guiaba a los autores de la muerte de los hermanos jesuitas, y que guiaba a los autores de otras masacres que enlutaron nuestro país durante la guerra. No pocas unidades militares gubernamentales lucían calaveras en sus boinas.

Hay un alcalde en el oriente del país (durante la guerra, sargento), que aún gusta de jugar con calaveras para fortalecer su estado de ánimo.

Ahora bien, tomemos en cuenta que, si las instancias políticas de los gobiernos bajo los que actuaron, el Batallón Atlacatl y demás BIRIs, justificaban los hechos y cubrían de impunidad a los hechores; quiere decir esto, que desde esa época la clase dirigente y el funcionariado estatal, no sólo compartían la moral de matar y aterrorizar para acumular poder; sino que además cultivaban entre ellos la cultura de la impunidad.

Y si la nefasta cultura de absoluto desprecio a la vida ajena, se muestra firmemente arraigada, en los vastos estratos delincuenciales que operan en nuestro país; entre otras cosas es signo que hasta hoy día, la moral de la clase dirigente y del aparato estatal, no han sido capaces de evolucionar e influenciar positivamente a las clases subordinadas con valores nuevos y humanitarios.

Los golpes políticos recibidos por la derecha más rancia, a partir de su derrota electoral en 2009, le han obligado a adoptar al menos una retórica populista; y sin embargo, en la práctica se niega a abandonar los principios fundacionales que dieron vida a su partido, ARENA, en los cuales se devela una clara línea de “muerte” con objeto de preservar el poder. Lógico complemento de esta línea es procurarse, por cualquier medio, impunidad.

La delincuencia en El Salvador, entonces, se siente justificada porque su moral y cultura son equivalentes a la cultura y moral de lo más representativo de clase dirigente, y de gran parte del funcionariado estatal y de la clase política.

De no evolucionar de manera práctica y positiva, en sus valores, la clase dirigente, El Salvador arriesga en cualquier momento, repetir la historia de los años 70 – 80 del siglo pasado.

Un juicio imparcialen España  (como no lo fue en El Salvador), de los autores de la muerte de los hermanos jesuitas y sus sirvientes, sería un decisivo aporte a que la clase dirigente en este país evolucione en el sentido requerido por la historia.

Ese hipotético juicio se convertiría en una decisiva contribución, a que sea erradicada de nuestro país la deleznable cultura de matar, como un medio de preservar el poder político; bajo la cual cultura se cobija hoy día, la delincuencia de todo tipo;  el crimen organizado.

Producto de las luchas libradas por los pueblos a lo largo del siglo XX, hay en el ámbito nacional e internacional nuevos conceptos que la clase dirigente criolla debe incorporar en su moral y cultura, para bien de los salvadoreños todos; pues si evolucionase moralmente la clase dirigente, evolucionaría con ella la sociedad en su conjunto.

Hablamos de conceptos como los siguientes:

El poder que deposita en las manos de la clase dirigente, su condición de oligarcas, aunque lo parezca, no es ilimitado u omnipotente.

Los miembros de la clase dirigente, aunque no lo parezcan, como todo ciudadano, son también simples mortales, sujetos a la ley de “No matarás”, y obligados al principio de la igualdad de todos ante la ley.

Si la dispersión del pueblo impide se imponga la justicia popular; y si la corrupción inducida en el aparato de justicia es tal, que éste concede impunidad a la clase dirigente; en el ámbito internacional, hay sin embargo, hoy día, poderes supranacionales, interesados en imponer sus tribunales de justicia en casos de crímenes en perjuicio de sus nacionales, o en casos calificados de lesa humanidad. La jurisdicción de éstos tribunales, se sitúa incluso, por sobre raquíticas y orgullosas oligarquías, como las salvadoreñas.

                                                                                                                                                                                                      Pablo Perz


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