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Maj
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Ley de acceso a la Información Privada

EL SALVADOR

La conversión del frente revolucionario a partido político, y la nueva y amelcochada retórica que adoptó a partir de ahí, nos permitió prever, desde los años noventa del siglo pasado, la inevitable asimilación de ese partido al sistema imperante. Pero no se esperaba que esa asimilación sucediera con tanto descaro. Fue tanto el precio pagado por el pueblo pobre, a cambio de una herramienta política que vino a resultar fallida.

En plena entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la información pública, y plena profundización de la crisis económica, resulta inaudita la reacción de Sigfrido Reyes (presidente del aparato legislativo) y Norma Guevara Jefa de la fracción efemelenista), ante las sanas críticas de la prensa, respecto de el opíparo y suntuoso coctel con que el presidente Reyes decidió inaugurar el nuevo período legislativo. Los legisladores efemelenistas calificaron como una campaña de odio y chismes por parte de los medios de difusión en contra de la Asamblea Legislativa.

La verdad que la cultura de carísimos cocteles con que las diferentes instancias estatales se recetan, para celebrar cualquier acontecimiento interno, en los que el funcionariado estatal se permite convidar a parientes, amigos, perros y gatos de la casa, debe de terminar. Es una cultura propia de estados sátrapas y monarquías absolutistas, no propia de una república sumergida en la crónica pobreza y recesión de la economía.

Este temperamental y hasta dramático episodio protagonizado por gentes que un día dijeron no descansar jamás hasta que la última gota de sangre derramada por el pueblo fuese honrada con la renovación de la política, es sin embargo apenas el comienzo de la reacción de la clase política ante la entrada en vigencia de una ley que potencia el derecho de la ciudadanía, a ser informada por las diferentes instancias del estado, en cuanto a cómo se manejan los dineros del erario público, o de cualquier otra información al interior del Estado que al ciudadano interese.

La verdad es que tanto Sigfrido Reyes, como Norma Guevara estarán obligados, en adelante, a informar detalladamente al salvadoreño, acerca de cómo es el manejo de el presupuesto de la Asamblea Legislativa, a fin que la ciudadanía pueda descubrir el porqué el órgano legislativo se comporta como un agujero negro, devorador de millones y millones de presupuesto, a cambio de un trabajo legislativo signado por la incompetencia y la mediocridad; menos interesado en sus propias obligaciones, y más interesado en entorpecer la honesta labor de otras instancias como la Sala de lo Constitucional.

Los legisladores salvadoreños se ganan de este modo un merecido lugar en la serie “Aunque usted no lo crea”. Crean leyes ante las cuales ellos mismos se oponen tenazmente a que sean aplicadas correctamente.

La creación de una ley que da derecho a conocer la labor y el manejo presupuestario del Estado es, sin embargo, un paso en dirección a la democratización y el saneamiento político de este sufrido país.

El siguiente paso en la misma dirección debería de ser la creación de la “Ley de Acceso a la Información Privada”

Esta ley que para los oligarcas y la clase política salvadoreña es un insulto, en El Salvador pertenece al terreno de la ficción, y sin embargo, en Europa occidental, es la vieja herramienta de la que se han valido los países  en donde existe, para alcanzar elevados niveles de control de la elusión fiscal, el enriquecimiento ilícito y de la economía mafiosa. Todo esto en beneficio directo de las finanzas estatales, del fortalecimiento de la democracia, de la cultura política de la ciudadanía.

Mediante esta ley se accede al derecho de la ciudadanía a conocer los aspectos fundamentales de los capitales privados, ganancias o pérdidas de la empresa privada; sueldos y bonificaciones de los grandes ejecutivos y de los políticos. Esta normativa incluso permite al ciudadano, conocer quiénes son los vecinos de su barrio con los más altos salarios, o quiénes son las personas más acaudaladas del país. Esta manifestación de la cultura social, contrariamente a lo que sucede en nuestro país, no se considera intromisión en los asuntos privados de las personas, o las empresas, sino asunto fundamental de la democracia y los derechos ciudadanos.

Pablo Perz


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