09
Jul
12

Sobre la colisión de poderes en El Salvador

Según se mueven las cosas en El Salvador,  los partidos políticos nunca han necesitado colocar en las instituciones del Estado, funcionarios imparciales, honrados y decentes. La parcialidad y la prostitución del funcionario a su favor, ha sido siempre imperiosa necesidad de los partidos políticos en nuestro país.

Y sin embargo en 2009 la correlación de fuerzas al interior del parlamento era tal que los partidos políticos eligieron unánimemente, y con todos los votos de la bancada efemelenista, cuatro magistrados que garantizarían la imparcialidad, la honradez, la transparencia y la decencia en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Más temprano que tarde, absolutamente todos lo partidos políticos, principalmente el fmln, se arrepintieron de haber elevado esos magistrados, a esa condición.

La razón de tal arrepentimiento es que dichos magistrados comenzaron a fallar recursos de inconstitucionalidad, con verdadera imparcialidad, honradez, transparencia y decencia política.

Los fallos de la Sala de lo Constitucional, entonces, de ese modo, atentaron seriamente contra el sistema de corrupción y de oscurantismo administrativo, en el marco del cual se mueven como peces en el agua, absolutamente todos los partidos políticos en El Salvador. Incluso pues, el fmln, que aún se autocalifica de popular y revolucionario.

Los dos partidos mayoritarios, fmln – Arena, reaccionaron inmediatamente, reclamando la destitución de los magistrados por ellos electos. ¡Error garrafal! ¡Ignorancia política suma! Según la ley, una vez elegidos, los magistrados de la CSJ, pasan éstos a conformar uno de los tres, soberanos e independientes poderes del Estado. Es decir, ni el poder Ejecutivo, ni el Legislativo, de cuyo vientre nace la CSJ, tienen legalmente la potestad de inmiscuirse en sus asuntos internos ni en sus fallos judiciales.

Según la organización y función de los poderes del Estado en el mundo occidental, al supremo órgano judicial, concede la Carta Magna la última palabra en materia de interpretación de la ley. Y esta última palabra, en tomando forma de sentencia, es de obligatorio cumplimiento, para todo ciudadano, incluso para los otros dos poderes del Estado.

El partido Arena, tan necesitado de recomponer la desastrosa imagen que viene arrastrando a causa de un ominoso pasado que le vincula a los crímenes de lesa humanidad sucedidos en El Salvador, durante la guerra civil, tomó conciencia del tremendo error político que significa una actitud de rebeldía en contra de lo fallado por la Sala de lo constitucional, y desistió de su actitud de desacato.

Por su parte, la cúpula efemelenista, tan necesitada de utilizar el prevalente sistema de corrupción político administrativa para alcanzar sus particulares objetivos, vinculados a la famosa consigna de “enriquecerse es glorioso” proclamada por Deng Xiao Ping, y que transformó en millonarios a los dirigentes del Partido Comunista Chino, ha declarado una guerra prolongada en contra de la CSJ. Su objetivo, en el marco de un Estado de derecho perteneciente a la cultura política del mundo occidental tendría que ser una misión imposible: intervenir en los asuntos internos del máximo organismo del Poder Judicial y destituir a sus magistrados.

En su ridículo objetivo, el fmln apela la intervención de la “Corte Centroamericana de Justicia”, un organismo tan hueco y fantasma como el Parlamento Centroamericano, que únicamente sirven de exilio económico para políticos frustrados y fracasados provenientes de sus países miembros. La CCJ tiene la doble desventaja que su cede está ubicada en Nicaragua, lo que la convierte en rehén de Daniel Ortega, de quien es émulo, Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Ambos, dictadorzuelos de pacotilla.

En San Salvador, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Mauricio Funes, hace causa común con el parlamento en contra de la Sala de lo Constitucional. Es que Funes pertenece a una derecha solapada que utiliza lenguaje progresista y que necesita el sistema corrupto que se nos impone con el mismo objetivo que lo necesita la dirigencia efemelenista: enriquecerse utilizando el poder político como herramienta.

Y si buscamos las causales de este conflicto de poderes que paraliza la administración de la justicia y únicamente favorece a delincuencia y crimen en perjuicio del pueblo salvadoreño, entre otras cosas, encontraremos que tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo, nuestro sistema político, signado por la corrupción, concede acceso, incluso a gente vulgar, sin ningún tipo de preparación o cultura, únicamente dotada del instinto de utilizar el juego político como vía para autoprivilegiarse. Tal cual es pues, harto demostradamente, la mayoría de diputados de las distintas bancadas, que evidencian no tener ni idea de lo que la palabra “legislar” significa, y se limitan a levantar la mano, o a no levantarla, según indicación de su jefe de fracción.

Contrariamente a lo que sucede a nivel de los poderes Ejecutivo y Legislativo, al poder judicial únicamente pueden acceder licenciados, o doctores de la ley. Desde luego que esto no garantiza impedir que accedan a esta instancia, verdaderas sanguijuelas sedientas de poder y dólares, como García Calderón, Del Dios Guzmán y la inmensa mayoría de pasados y presentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y sin embargo, en el mejor de los casos, el carácter del Poder Judicial, también es capaz de ofrecer agradables sorpresas, como la actual composición de la Sala de lo Constitucional; lo cual nos da la sensación que en El Salvador, todavía existen hombres decentes que bregan por un mundo mejor.

Pablo Perz


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