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Jan
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El Estado de criminalidad

En el último de sus muy espaciados comentarios (a pesar de su condición de comentarista profesional), nos invita Joaquín Villalobos al concepto que hay en El Salvador quienes sin ser oligarcas se comportan como tal; y otros perteneciente a los estratos más bajos de la población que, tratados como esclavos por los oligarcas, están dispuestos a dar la vida para defender los intereses de aquellos.
El concepto villalobiano nos es útil para remarcar que para bien o para mal, la cultura de la clase dirigente tiende a permear y determinar la cultura de el resto de estratos de la sociedad en general. Y por desgracia la cultura de la clase dirigente salvadoreña es la del bandidaje, del despojo del ladronismo, el homicidio y el asesinato. La cultura del más absoluto desprecio por la vida de quienes pertenecen a las capas inferiores de la sociedad.

He aquí una de las razones fundamentales de el porqué El Salvador es el segundo país más violento, desigual y políticamente más corrupto del mundo, únicamente superado por Honduras. Ni siquiera Irak, Libia, Siria o Líbano se comparan en tal materia a estos países y Guatemala.
La policía registró 21 homicidios solo entre sábado 11 y domingo 12 de enero. Los registros policiales detallan que en lo que va del año ya cuentan 110 crímenes. Este sábado se reportan 9 aesinatos entre la capital, San Miguel y La Unión.

Y en el imposible intento de justificar la inoperancia de las autoridades, se hunden los políticos en el absurdo.

Se atreve a asegurar Ricardo Perdomo, ministro de seguridad y justicia que el crimen organizado contrata pandillas para cometer homicidios y asesinatos indiscriminados, en perjuicio de la sociedad civil, con el sólo propósito de incidir en los resultados electorares. Y concluye el “ministro” que por tal razón no es atribuible a las pandillas la totalidad de asesinatos que ocurren en el país.
El cantinflesco razonamiento de Perdomo en el sentido que no hay que atribuir a las pandillas los asesinatos que cometen por encargo, es imposible que no caiga dentro del género de lo tragicómico en el marco de la cultura de total menosprecio a la vida del más debil, de la cual nefanda cultura la clase dirigente marca el paso.

Tal premisa queda corroborada por otro hecho abominable: a principios de la semana anterior, la tía de 36 años y su sobrina de ocho fueron muertas en la carretera de Metapán, a Santa Ana, mientras cruzaban esa carretera, por un auto que corría a excesiva velocidad.

Tía y sobrina son una pequeña parte de las víctimas que a diario caen en El Salvador bajo la agresividad de automovilistas que compiten con las pandillas en el objetivo de mantener al pueblo humilde sumergido bajo el signo de la desesperanza y el terror.
De inmediato los medios informativos y las autoridades han depositado el cincuenta por ciento de responsabilidad en las humiles víctimas.
“Imprudentemente cruzaban la carretera”, dicen.

Pero ¿qué significa en este caso “imprudencia”??
¿Significa acaso la premura con que los pobres de este país se conducen a paliar sus necesidades básicas?

Acaso deben ancianos, niños e inválidos ser relegados de la Sociedad por los vehículos automotores?

Se han tomado algún tiempo los sobrealimentados legisladores, para razonar qué significa “imprudencia” de la gente pobre al cruzar las calles que los automovilistas entienden como pistas de carreras?
¿Se habrán tomado algún tiempo estas caricaturas de congresistas para legislar en el sentido de adecuar la velocidad de los automotores a la necesidad y derecho de la gente humilde de cruzar las calles o de transitar a la orilla de las carreteras?

El autor del doble homicidio de la carretera Metapán – Santa Ana, no huyó del lugar; se detuvo a esperar a las autoridades policíacas, muy seguro de la entrada en vigencia de la ley FONAT.
El FONAT es una obligación impositiva para todos los automovilistas orientada a dar un aporte a fin de resarcir los daños causados a terceros, por parte de los victimarios.
En otras palabras los automovilistas prudentes se ven obligados por el FONAT a pagar las tropelías cometidas por motoristas de tendencia criminal.

Y exime la ley FONAT de ser detenidos por la policía, aquellos asesinos del volante que no huyen de la escena del crimen.

Con leyes como ésta, igual que con la ley de armas, consolidan, los congresistas, paso a paso, un Estado de criminalidad en el país.

Froilán Sánchez


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