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Violencia pandillera, o la corrupción de la democracia

Desde tiempos de Tito Larcio (500 ac), cuando la Roma antigua se veía arrostrada a peligros tan grandes que amenazaban la existencia de la república misma, nombraba el senado un dictador como autoridad suprema con poderes plenipotenciarios. Sobrevenía con el procedimiento un tácito estado de excepción durante un tiempo determinado al cabo del cual, si el peligro persisitía, podía el dictador ser refrendado o sustituido por otro.

La fórmula fue propuesta por Tito Larcio y aceptada por el senado, al quedar plenamente comprobado que en coyunturas de sobrevivencia para un conglomerado social, los lentos y engorrosos procedimientos democráticos son menos efectivos que el mándo único. Ninguna otra autoridad tenía derecho a criticar, censurar o discutir las órdenes del dictador.

Fue la alternancia entre democracia y la dictadura controlada por el senado, el favorable viento que empujó la nave romana a través de los océanos de su longeva historia.
El modo romano de entender la dictadura inspiró muchos siglos más tarde, a los revolucionarios marxistas, a proclamar la dictadura del proletariado, a fin de atajar el caos, preservar la unidad nacional, en el marco de la toma del poder en nombre del pueblo llano. Entendida tal dictadura, en una de sus formas más benignas, como una etapa transitoria que desembocase pasada la emergencia, el caos, el peligro; en una forma superior de democracia (la democracia popular).

Concebida de este modo la dictadura, se torna ésta en una herramienta eficaz para regenerar la democracia cuando ésta se corrompe.

La democracia se corrompe cuando el pueblo llano se abstiene de fiscalizar a los políticos y les permite actuar a su libre albedrío. ¿El mejor ejemplo? La ex Unión Soviética!

Aparte del concepto romano y marxista de dictadura, que pueden ser consideradas de signo positivo, se han manifestado a lo largo de la historia, por el contrario, muchas otras formas de signo negativo; quizás la mayoría de ellas.

A lo largo del siglo pasado cobraron auge las dictaduras militares, que eran formas de perpetuar democracias corrompidas. También lo hicieron dictaduras de partidos leninistas, que fueron malogradas formas de intentar la dictadura del proletariado.

Hay muchas señales que advierten que la democracia ha llegado a un estado grave de corrupción en El Salvador. Algunas de ellas se pueden identificar fácilmente. La más evidente es la capacidad de aterrorizar y paralizar desde la mediana hasta la micro empresa, que ha adquirido la delincuencia en nuestro país, y la incapacidad del Estado por impedirlo.

Es imposible bajo toda circunstancia que la delincuencia cobre tal auge, sin la cooperación y complicidad de altos personeros e instituciones del estado
(Francisco Flores está a un paso de la impunidad, al poner su caso, el sistema, en manos de un Fiscal General amigo suyo, y de un juez de instrucción, paradigma de la corrupción judicial).

Otra de esas señales es el lenguaje retador, vulgar y de corte marero con que se expresan las más altas autoridades estatales. “Les guste o no les guste” dice el presidente saliente a sus opositores.

“Farsantes! Reto (yó) a Adam Blackwell (embajador de la OEA) a que no sea cobarde y dé la cara ante el resultado que ahora estamos cosechando” (Fiscal General de la República).

Pero lo más obseno del grotesco drama a que nos invita la clase política de El Salvador, es permitir que la delincuencia alimente diariamente su instinto asesino y depredador a costa de la sangre de gentes humildes, trabajadoras e inocentes.

Padres masacrados enfrente de sus hijos menores de edad.

Madres asesinadas con sus críos en el regazo.

Humildes trabajadores ametrallados en los buses.

Niños de corta edad víctimas de intercambios de disparos entre pandillas…

Tiene que ser demasiado desvergonzado un gobierno para que en este panorama dedique parte del presupuesto estatal a mantener un Ministerio de Turismo. ¡Si hasta el mismo gobierno de EEUU previene a sus ciudadanos que no viajen a El Salvador!.

Y tan sencillo que resulta dar el primer paso al cese de tanta ignominia: prohibición de todo comercio y portación de armas de fuego por parte de civiles.

Pero este primer sencillo paso no se da por tres razones fundamentales. La primera de ella es que los comerciantes de armas y las agencias privadas de seguridad ejercen decisiva influencia sobre el gobierno saliente, como de seguro ejercerán sobre el gobierno entrante. A tal grado que el gobierno de Mauricio Funes ha sido uno de los principales cliente de tales agencias de seguridad (estas agencias son importantes proveedoras de armas a la delincuencia. Lo son también PNC y Fuerzas Armadas).

La segunda razón para que la clase política salvadoreña se resista a prohibir el comercio y portación de armas, es que los integrantes de esta élite están colocados fuera del alcance de la violencia delincuencial. Durante el día les protegen; y durante la noche velan sus sueño, importantes contingentes de guardaespaldas pagados por los contribuyentes.

Y la tercera de esas razones es que la democracia en este país está ya, demasiado corrompida; totalmente podrida e irrecuperable.

A diferencia de la república romana, que era un Estado independiente que se regía por voluntad propia, El Salvador es un Estado vasallo que se rige por voluntad del gran águila del norte, la cual águila impone, entre otras muchas otras cosas, a este minúsculo país, la liberalización del comercio de armas de fuego.

Si El Salvador fuese, como la antigua Roma, un Estado soberano e independiente, a fin de liberar al pueblo pobre del oprobioso yugo de la delincuencia, estaría en la hora propicia de invocar la dictadura.

La Columna Vertebral cede la palabra al gobierno electo.

Froilán Sánchez


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