23
Aug
14

¿Quiénes laboran para un Estado fallido?

Fuera del tiempo legal se ha puesto en movimiento la maquinaria electoral de los partidos políticos para elegir alcaldes y diputados el próximo año, lo cual para el salvadoreño de a pié se trata de un largo y agobiante período. Atroz mezcla de alienante demagogia y angustioso bombardeo psicológico.

Está visto que los constantes períodos electorales ni por asomo nos aproximan a que la problemática más acuciante para el pueblo llano tenga solución. Las exageradamente repetidas elecciones políticas han llegado a constituir un lastre cada vez más pesado para las arcas del Estado. Han llegado a ser la gallinita de huevos de oro para la clase política.

Y a pesar que el ambiente electoral que se genera en el país es altamente perjudicial para la salud mental de los salvadoreños, las autoridades cuyo cometido es velar por la salud y la tranquilidad de la población, son incapaces de impedirlo. Los partidos políticos se niegan a sujetarse a los períodos formales en que la ley permite la propaganda electoral. Reparemos acá que, puesto que la principal característica de un Estado fallido es el vacío de poder, la ingobernabilidad; entonces la desobediencia de los políticos a leyes por ellos mismos creadas, es el primer indicio de Estado fallido.

Y a partir de la actitud de los dirigentes políticos, se va sumando una lista cada vez mayor de institutos públicos y privados; de personas jurídicas y naturales que se niegan a obedecer las leyes estatales que entienden ellos, lesivas a sus intereses. Tomemos por ejemplo, la banca.
A pesar que la banca y el secreto bancario forman parte de las institucionaledades más desprestigiadas y corruptas a nivel planetario, los banqueros en El Salvador han hecho caso omiso al mandato de la Superintendencia del Sistema Financiero, en cuanto a que a partir del mes de Julio, deberían haber puesto en conocimiento de esta Superintendencia el listado de los 100 mayores depositantes del sistema bancario de El Salvador, junto a una serie de datos referidos a los mismos.

El propósito de la Superintendencia es muy saludable para la gobernabilidad el país, puesto que tal información serviría para, desde prevenir riesgos sistémicos relacionados a la falta de liquidez; a detectar impactos financieros; lavado de dinero; evasión de impuestos; fuga de capitales hacia paraísos fiscales; y un largo etcétera.
La banca salvadoreña, simplemente desobedece al gobierno central y punto! Se basan los banqueros en el poder que tienen de hacer quebrar económicamente al estado en cuestión de minutos.

Fue de gran beneficio para superar la falta de liquidez estatal en la última crisis mundial, que EEUU, Alemania y Francia, obligaran a la banca suiza a abrir a estos países el secreto bancario, a fin de poder recuperar cantidades millardarias de dinero en impuestos que empresas, personas jurídicas y naturales habían evadido y ocultado en los bancos suizos, amos y señores del secreto bancario, evasión de impuestos y paraísos fiscales.
El Estado salvadoreño, sin embargo, no posee el poder de los estados antes aludidos.

¿No forma parte de la sintomatología de un Estado fallido, un país en el que los organismo conformantes del cuerpo nacional, desconozcan la autoridad del gobierno central, menos aún de los gobiernos municipales y autoridades menores?

Otros indicios de esta peligrosa sintomatología es la incapacidad del Estado mismo para sanear el sistema judicial de juristas corruptos a todo nivel, desde la Corte Suprema hasta los tinterillos pueblerinos; la escasa o nula atención que los jueces ponen a las recomendaciones de la Fiscalía General.

Claro ejemplo es la actitud del juez Primero de Paz de San Miguel, respecto a la instrucción abierta a otros colegas suyos con vínculos mafiosos. Les ha dejado en libertad en el marco de gran riesgo de fuga. Es de preveer que el mismo derrotero seguirá el caso Francisco Flores, al depositarse este proceso en manos de Levis Italmir Orellana, juez Primero de Instrucción, cuya tendencia es de benevolencia hacia delincuentes de alto poder político y económico; y de extrema severidad hacia los hambrientos que roban para poder dar de comer a sus hijos.

Siguiendo con los indicios de Estado fallido, no hay que dejar de mencionar el vulgar lenguaje y la matonería política de no pocos diputados en su necio como inútil propósito de desobedecer y desprestigiar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
La hipótesis del autor de esta nota es que la actitud de rebeldía; desobediencia de poderosas instituciones públicas y privadas, gremios empresariales, es la responsable de socavar las bases del Estado formal en favor de un Estado fallido.

A este tenor se suman los policías y militares a todo nivel que en sus tiempos libres; venden armas, munición y uniformes a la delincuencia y delinquen ellos mismos.

También es contributivo al Estado fallido, la actitud de ministros como Munguía Payés y Benito Lara, quienes adoptan una actitud de minimizar y hasta negar la envergadura de la problemática. La cantidad de pertechos militares trasegados a los delincuentes, carece de importancia, dice uno. Los salvadoreños están abandonando en ciertos lugares (en masa), sus viviendas, pero no se debe a las amenazas de las maras, dice el otro, contradiciendo de este modo a lo que declaran los victimizados.
Siguiendo la línea trazada por las mismas instituciones estatales, se permiten actuar los últimos eslabones de la fatídica cadena social salvadoreña, como son los buseros que imponen aumento de precio a los pasajes, al márgen de lo dispuesto por el Viceministerio de Transporte. Y las pandillas que expulsando a la gente honrada de los territorios que dominan y gobiernan, parecen destinadas a dar el tiro de gracia al gobierno central, y someter a los salvadoreños pobres al régimen de Estado fallido.

Ni banqueros, oligarcas o clase media alta, temen al régimen de Estado fallido, en donde el control territorial lo ejercerían las pandillas, porque ellos cuentan con el auxilio de las agencias privadas de seguridad que ponen a su servicio, en alquiler, las fuerzas mercenarias que sean necesarias para defenderlos.

Hay quienes aseguran que en realidad el Estado fallido es el régimen al que oligarcas y políticos aspiran para el futuro cercano, pues es el régimen en que la indetenible violencia social juega el papel de, mediante la venta de armas y se seguridad privada, motor de la economía. El irregulado comercio de armas y de seguridad privada tiende un poderoso cordón de protección alrededor de la clase alta; de la clase política, que dirigen los destinos de este país que injustamente se llama El Salvador. 

El Salvador salva sí, únicamente a oligarcas y políticos!

Ahmed Goliath


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