23
Nov
14

Esperanza con alas de cucaracha

El cuerpo de leyes salvadoreño se caracteriza por estar tachonado de gran cantidad de leyes que no se cumplen o se cumplen a medias por múltiples razones. Las más comunes de estas razones son, primero, por mala voluntad de funcionarios que se consideran afectados; segundo, porque el Estado carece de los recursos necesarios para hacerlas cumplir, generalmente, a causa de la insuficiente contribución impositiva por parte de los oligarcas y de las grandes fortunas.

Ejemplo de las leyes antes referidas son por ejemplo, la obligatoriedad de la educación primaria, la normativa relativa al derecho al trabajo, las relativas al derecho a la atención hospitalaria, al derecho de vivienda, en fin…

A este grupo de leyes imposibles de cumplir o cumplidas a medias pertenece la Ley de Protección Social y Desarrollo, aprobada en abril de este año, simple y llanamente debido a que su aplicación depende de préstamos y donaciones del exterior y no de alguna ley que la encadene al presupuesto de la república.

Ya sabemos que los préstamos provenientes de los grandes financistas internacionales (BID, FMI, BM…), están mas cercanos a la usura en perjuicio de los prestatarios, que a la sana intención de procurarles algún progreso. Además, en cuestión de deuda, existe un techo límite.
En cuanto a donaciones internacionales, éstas pertenecen al ámbito de la caridad; de la filantropía. La caridad filantrópica carece de reglas y de sistematización, obedecen más a eventuales estados de ánimo de los donantes o a muy calculados beneficios esperados a cambio.

Típico caso de caridad filantrópica son los Fondos del Milenio. Estos fondos, a los que nuestro país califica por segunda vez, deberán ser invertidos, no a criterio del gobierno salvadoreño, sino en aquellas infraestructuras que los intereses comerciales del donante (EEUU), demandan en nuestro país. Más encima, dichos fondos únicamente cubren un porcentaje de los proyectos requeridos por los norteamericanos, y los gastos de mantenimiento deberán correr, estos sí, a cargo del presupuesto anual de la nación, por sécula seculorum.

Claro ejemplo es la Carretera Longitudinal del Norte. Esta vía construida a partir de Fondos del Milenio I, sirve de poco o nada a la economía del país; pero sí sirve de mucho al flujo de alcaloides del sur al norte del continente. Desde la inauguración de dicha carretera, cobra auge el llamado “Cartel de Texis”. Los costes de mantenimiento de esa infraestructura, como hemos dicho, no corren a cuenta del Cartel de Texis, sino del contribuyente salvadoreño, hasta que la muerte nos separe.
Retomemos el tema.

La ley de Protección Social y Desarrollo ha sido, pensada al parecer, para garantizar que lo que pomposamente se ha dado en llamar “Proceso de Transformaciones”, no muera por inanición.

Los programas a los que se pretende dar continuidad son: Comunidades Solidarias, paquetes escolar y agrícola, Ciudad Mujer, pensión básica a adultos mayores, y el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI).
De paso, aunque reconocemos la buena voluntad gubernativa, no hay que dejar de señalar, que por la razón apuntada antes, estos programas están condenados a funcionar tarde mal y nunca.
En el fondo de tal problemática subyace la incapacidad mostrada por los partidos políticos, de ponerse de acuerdo en cuanto a un plan de nación se refiere. Tampoco se ve en el horizonte alguna señal que tal cosa vaya a suceder.

Tal imposibilidad obedece a dos motivos principales. Primero, que por el momento (en política no podemos asegurar que más adelante no pueda suceder), a excepción del Fmln, en el resto de partidos salvadoreños priva la cultura “Paco Flores” (echar mano ilegalmente y para beneficio propio, de los fondos destinados al Estado).

La otra razón es que la corriente post Acuerdos de Paz en nuestro país es al bipartidismo confrontativo. Ésto hace que al producirse alternancia en el poder del Estado, el partido que accede al Ejecutivo cae en la tendencia a desprestigiar y desmantelar lo obrado por el gobierno anterior, independientemente que eso sea de beneficio para la nación entera.
Esto es producto que en la época post Unión Soviética, subsisten mayoritariamente dos formas de entender el capitalismo: el neoliberal, basado en la alta concentración de los recursos nacionales en manos privadas, y en desligar a empresas y Estado de toda responsabilidad, gasto o inversión social.

Las consecuencias derivadas de tal política es el empobrecimiento generalizado de la población, la parálisis del mercado interno; el gobierno territorial en manos de las mafias cuyo ejército son las maras.
La otra tendencia capitalista es una mezcla de liberalismo y socialdemocracia. A diferencia de neoliberales, se caracteriza ésta por entender el papel que juega el dinero en el marco de un país. El dinero es la sangre del sistema y debe circular vigorozamente a todo nivel de las estructuras. A los niveles populares debe circular en forma de masivas fuentes de trabajo, salarios progresivos acordes al costo de la vida; masiva inversión social…

De este modo, el poder adquisitivo de los trabajadores fortalece el mercado interno, la nación progresa; la población humilde accede a una existencia desahogada; disminuye el crimen organizado; los jóvenes abandonan los vicios callejeros; vuelven a la escuela y a las canchas deportivas; el gobierno central es capaz de recuperar el control territorial del país. Sobrevienen prolongados períodos de paz social, como sucede en Costa Rica.

En el contexto del bipartidismo confrontativo hay muy pocas oportunidades de progreso para el pueblo llano, sobre todo por la agresividad con que actúan los neoliberales, y por la postración en que cae la educación popular.

Tal cosa sucede actualmente en EEUU. En ese país, las leyes impulsadas a favor de los pobres por Barack Obama, son desmanteladas una a una por los republicanos accedidos al control de las dos cámaras del congreso. Las masas populares despeñadas en la ignorancia y la alienación, incapaces de entender de qué lado se sitúan sus beneficios, votan una y otra vez en contra de sus intereses inmediatos.

En su propio laberinto, el partido gobernante salvadoreño, en el que su materia gris está entrampada en la cuestión de consolidar su consorcio empresarial, no ve otra alternativa más que calificar la Ley de Protección Social y Desarrollo, de manera excesiva como Proceso de Grandes Transformaciones, aún y cuando ésta, por depender su cumplimiento de préstamos y donaciones y no de legales normativas presupuestarias del país, se muestra no como otra cosa que, una esperanza que vuela con alas de cucaracha.

Matla Xochitl


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