05
Okt
15

La carreta por delante de los bueyes

Vuelve el sistema tributario salvadoreño a mostrar ineficacia e insuficiencia, ante la prueba a que es sometido, a partir de las necesidades presupuestarias en materia de seguridad, prevención y reinserción.

En mayo de este año, amplia investigación periodística firmada por Jimmy Alvarado (El faro), demuestra que el 0.12 de las grandes empresas que actúan en El Salvador, deben el 25% de la deuda tributaria, que se acerca a 1373 millones de dólares.

En este conjunto de grandes empresas deudoras, sobresalen la distribuidoras de energía eléctrica y las telefónicas.

Es la segunda vez que, producto de recientes leyes, es publicada la lista de empresas morosas. La primera publicación corrió a cargo del Ministerio de Hacienda.

Las empresas más ingeniosas, ante la falta de rigurosidad fiscal que priva en nuestro país, al momento de su declaración impositiva, reportan pérdidas en lugar de ganancias, durante varios años consecutivos. Curiosamente no se declaran en quiebra y continúan operando.

La publicación de la lista de empresas morosas, no ha tenido el efecto deseado: que paguen; sino únicamente protestas por parte de las gremiales empresariales. Al parecer el Estado salvadoreño no ha encontrado la vía legal, o a lo mejor no ha tenido la voluntad de obligar a pagar a los morosos, ni de poner a prueba la veracidad o no de los que declaran pérdidas al momento de formular su declaración impositiva.

La impotencia de un Estado ante las grandes empresas morosas en materia fiscal, es sinónimo de impotencia moral. Es decir, demuestra el Estado carecer de contextura moral necesaria para hacer cumplir la ley.

No se ve señal por ningún lado, que el Estado salvadoreño haya sido capaz de arrancar a las grandes empresas morosas siquiera un plan de pago creible.

Sergio Arauz, del mismo medio que Alvarado, nos revela que estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, demuestran que el sistema tributario salvadoreño está diseñado para que los pobres contribuyan con el 30% de sus ingresos; mientras que los más ricos únicamente contribuyan con el 11% de los suyos.

Es en el marco de este deplorable panorama fiscal, que se da el debate legislativo en cuanto a, de dónde saldrán los $2100 millones que el gobierno pide para financiar su proyecto, “El Salvador seguro”, el cual pretende revertir la situación de violencia delincuencial generalizada que se vive en el país, situación que nos coloca en el dudoso honor de ser el país más violento del mundo y el más peligroso en materia de tráfico vehicular. Hay que decir que cae por su peso que los índices de inseguridad de que hace gala El Salvador únicamente son posibles cuando la delincuencia organizada goza de gran influencia sobre el aparato de Estado, y la corrupción de la justicia campea a sus anchas.

Curiosamente las propuestas más justas y coherentes acerca de la finaciación del proyecto gubernamental, no vienen del partido en el gobierno, el cual partido pretende, por recomendación del Consejo Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia, medir con la misma vara a pobres y ricos por igual, con un generalizado gravamen del 10% por el uso de los servicios ofrecidos por las empresas telefónicas. Vienen esas propuestas del derechista partido GANA, el cual propone contribuciones especiales por parte de esas empresas telefónicas y por parte de ganancias arriba del medio millón de dólares anuales que obtengan personas naturales y jurídicas por sus empleos o negocios.

Al darse cuenta el partido en el poder que estaba situado a la derecha de la derecha tradicional en cuanto a la búsqueda de financiación para el proyecto gubernamental, ha corrido a plegarse a las posiciones de GANA. Tal cosa es indicio que en la nueva derecha conformada en El Salvador, el partido en el gobierno comienza a ceder el liderazgo a los disidentes de ARENA.

Aún así, las propuestas de GANA sufren estancamiento en el proceso legislativo, al negarse algunos diputados que antes estuvieron de acuerdo, a ceder sus votos. Esto podría deberse a que no son pocos los parlamentarios que a pocos años en el cargo y proviniendo de la clase media baja han pasado a engrosar el estamento salvadoreño de los que ingresan más del medio millón de dólares anuales.

El Partido Demócrata Cristiano sacó un as bajo la manga con el único fin de ganar popularidad. Propuso que se gravara a los funcionarios estatales que ingresan más de $3000 dólares mensuales. Sabían de antemano sus dirigentes que enfrentaría tal propuesta con una mayor oposición entre los diputados que viniendo de la clase pobre, se han acostumbrado a vivir como clase media alta.

Pero quizás la mayor dificultad del gobierno para concretar algún financiamiento para su proyecto “El Salvador seguro” es que como buen alumno de los gobiernos areneros, ha colocado la carreta por delante de los bueyes: primero pide un presupuesto de 2100 millones de dólares, y al parecer, únicamente después que tenga esa millonada en las manos, se encargará de diseñar un plan y un calendario, concretos, para alcanzar el objetivo.

El pueblo salvadoreño que dice no soportar más que le den atol con el dedo, debe de saber que el método derechista de primero asegurar el control de los millones y después explicar en qué los va a gastar, es el perfecto camino a la malversación, al despilfarro y al enriquecimiento ilícito.

Ahmed Goliath


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