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Reformar la ley de pensiones

Ha anunciado el gobierno salvadoreño, que está ocupado en diseñar reformas a la ley que rige el sistema de pensiones que fue privatizado en 1996. La propuesta de reformas, pronto serán del conocimiento de la Asamblea Legislativa.

La ley de pensiones vigente en El Salvador es parte de el paquete neoliberal de privatizaciones que llevaron a cabo los gobiernos areneros durante sus 20 años en el poder.

Los cálculos más conservadores revelan que el reducido grupo de propietarios de las Administradoras del Fondo de Pensiones desde 1996 a 2015, han obtenido en calidad de ganacias netas, alrededor de unos 400 millones de dólares.

Si la privatización de los fondos de pensiones no hubiese sucedido, estos 400 milones de dólares que sirven hoy para enriquecer más a financistas que ya eran millonarios, estarían siendo utilizados en pagar la pensiones vigentes, en fortalecer el propósito de una mejor pensión en el futuro y ampliar la cobertura del sistema. En cambio, resultado de la privatización de estos fondos es el Estado el que cancela mensualmente desde 1996, las pensiones utilizando para ello, no la renta que producen esos fondos, ni las nuevas cotizaciones, sino recurriendo al presupuesto anual de la nación.

Como todas y cada una de las privatizaciones de los recursos estatales que se dieron en ese período, fue ésta un asalto brutal en toda la regla, por parte de dirigentes del partido ARENA.

La carga de hacer efectivas las pensiones pasó, en consecuencia a espaldas del pueblo en general, en tanto los propietarios de las AFP multiplican sus riquezas con las rentas que producen las nuevas cotizaciones de los ahorrantes.

Se cumple de nuevo la premisa fundamental del neoliberalismo: privatizar las ganancias y socializar deudas y pérdidas.

A propósito de las anunciadas reformas, es lícito abordar de nuevo la cada vez más necesaria reforma fiscal, sin lo cual las buenas intenciones gubernamentales respecto de reformar el sistema de pensiones, quedarían en agua de borrajas, puesto que es al pueblo contribuyente al que toca, por medio de constantes incrementos de su carga impositiva, pagar los costes de los profundos déficits financieros que le han causado al Estado, las privatizaciones neoliberales.

De entre muchos otros, hay dos torcidos aspectos del sistema fiscal que se nos vienen a la memoria en este momento, y que es necesario enderezar.

  • El IVA.

De todos los impuestos inventados, el IVA es el más injusto de todos, pues aumentan el valor de las mercancías en el mismo porcentaje a todos por igual, ricos y pobres.

El IVA fue creado, precisamente para rellenar esos profundos huecos deficitarios que se producen en las finanzas del Estado, a partir de las medidas neoliberales privatizadoras de los recursos nacionales.

Justo sería que el IVA fuese un gravamen únicamente aplicado a quienes han incrementado sus caudalosas fortunas como consecuencia del paquete neoliberal que le fue impuesto de forma antidemocrática a los salvadoreños. La clase media baja y los estratos pobres, deberían ser excluídos de esta imposición.

Argumentan los excépticos, que es imposible administrativamente, materializar alguna diferenciación en el pago del IVA.

¡Pero hombre! Vivimos la era digital, en donde programas de computadoras hacen milagros en la labor administrativa.  Además el asunto carece de complicación. En las grandes tiendas organizadas en forma cooperativizada, por ejemplo, hay precios especialmente bajos para los miembros de la cooperativa. Al momento de pasar por la caja, pregunta la cajera: ¿eres miembro de la cooperativa?

Si la respuesta  es afirmativa, el miembro muestra la credencial que lo amerita como tal. En consecuencia la rebaja de precio se hace efectiva.

De esta misma manera se podría resolver en relación a la excepción del IVA.

A los miembros de  familias categorizadas como clase media baja y pobres, debería extendérse una credencial que mostrada en las cajas de las tiendas les excluya del IVA.

  • Vivimos además, aún la nefasta noche neoliberal (que debe ser desmontada a la brevedad), en donde se habla de privatizar y más privatizar los bienes públicos. En contrapartida, los detentores del poder económico y político han logrado hacer desaparecer de nuestro léxico la palabra “nacionalizar”.

Y sin embargo se torna urgentemente necesaria una ley que mande, que las empresas morosas y que defraudan al Estado en materia fiscal, sean nacionalizadas proporcionalmente a lo defraudado o a la mora impagada.

En otras palabras. El Estado debería adquirir condición de coopropietario de tales empresas en proporción al monto de la defraudación o de la mora fiscal.

Por ejemplo. Si una empresa por mora o defraudación adeuda al Estado mil dólares. Al término de cierto término legal, debería el Estado pasar a ser propietario, en mil dólares sobre valor de dicha empresa, o de sus acciones.

Se supone que el gobierno de turno no ha abandonado el objetivo de cambiar en sentido inverso la injusticia neoliberal que nos abruma, y que ha condenado a las grandes mayorías de salvadoreños a la pobreza, y delincuencia, extremas; al país a la parálisis económica y al Estado al crónico déficit financiero; mientras que los detentores del poder económico y político incrementan sus fortunas haciendo gala de lujo y ostentación.

Según los signos que se dejan ver, sin embargo, el gobierno actual, tiende a adoptar como solución, un neoliberalismo ligh.

“No hago nada ilegal; tengo derecho a hacer mis negocios”, dijo cierto ex presidente parlamentario estando él en funciones, al ser cuestionado acerca de los jugosos negocios que maneja.

Pablo Perz


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