07
Feb
16

PNC: una de cal; otra de arena

La de cal

Solo después de muchas presiones por parte de oenegés representantes de la sociedad, decidió la Policía Nacional Civil de El Salvador, echar a andar una operación tendiente a la detención de la cúpula militar implicada en el asesinato a sangre fría, de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres al servicio de la casa de retiro que ellos utilizaban. Los hechos sucedieron la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena ofensiva guerrillera a nivel nacional.

Esta misma cúpula militar, sería responsable de múltiples masacres, como Mozote, Calabozo, Sumpul…, que fuerzas gubernamentales cometieron contra la población civil, a lo largo del conflicto interno vivido en nuestro país.

El operativo policial responde no a requerimiento de la justicia salvadoreña, sino de la Audiencia Nacional de España, a cuya nacionalidad pertenecían cuatro de los sacerdotes asesinados. La PNC actúa conjuntamente con INTERPOL (Policía Internacional).

El accionar de la PNC e Interpol en este caso, sin embargo, no termina de convencer a los demandantes de justicia, pues de un total de 17 demandados, únicamente se ha logrado la captura de tres, un coronel, un subteniente y un elemento de tropa, a pesar que se ha dado seguimiento permanente a los movimientos de los requeridos por la justicia española.

La PNC allanó las viviendas de dos altos militares, luego que investigadores informaran que los había visto entrar a su domicilio; sin embargo los agentes salieron de esas viviendas con las manos vacías. De modo que no para pocos críticos, la flamante operación policial, va tomado forma de una chapuza.

Rodolfo Gonzales, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ha puesto en duda la legalidad de la posible extradición de los requeridos, a España, pues ya fueron juzgados una vez por la justicia salvadoreña, argumenta, y favorecidos por la Ley de Amnistía. En nuestro país, la ley no permite se juzgue dos veces a una persona, por la misma causa.

Al parecer pues, el proceso policial desatado en El Salvador, por requerimientos de la Audiencia Nacional de España, va camino a revelarse como una frustración más para quienes buscan el imperio de la justicia y el cese de la impunidad.

 

La de arena

Semana de por medio hace que numeroso grupo de policías rasos tuvieron la osadía de marchar hacia Casa Presidencial en demanda de mejoras salariales y condiciones de trabajo. La jefatura de la corporación envió antimotines (UMO) a fin de impedirles alcanzasen las cercanías de la sede del Poder Ejecutivo; en lugar de enfrentar a sus compañeros de trabajo, la Unidad del Mantenimiento del Orden, les franqueó el paso hacia Capres.

Las exigencias reivindicativas de los agentes rasos de la Policía Nacional Civil son comprensibles. Formalmente constituyen ellos la primera línea de combate en contra de uno de los grandes flajelos que castigan nuestro país: la inseguridad. Actualmente, ellos y sus familiares, son el objetivo a batir por las pandillas al servicio del crimen organizado y el narcotráfico.

Son demasiados los agentes, soldados y parientes, asesinados el año pasado y lo que va de 2016. Las condiciones de trabajo en que se desenvuelven son una pesadilla. Para ellos es vital la reposición de fuerzas para la próxima jornada laboral, pero el hacinamiento e insalubridad que viven en las delegaciones no les permiten el merecido descanso. Tampoco les permite descansar el estrés causado por la indefendibilidad en que quedan familiares y parientes.

Hablando de lo que devengan, son de los servidores públicos peor pagados. Apenas rebasan el salario mínimo su sueldo mensual es de $424.77.

Con 20 años de servicio, si es que logran sobrevivir, pueden ver aumentada la paga en un 29,9% ($552.20).

El ejecutivo desde septiembre pasado les tiene prometido un bono que no se concretiza cinco meses después. Aunque los diputados del parlamento sí se recetaron sendos bonos, premios y regalos en el marco de sus acostumbrados fastos navideños y fin de año,

Un motorista de la Asamblea Legislativa gana 5 veces más que un agente policial raso. Un diputado con cargo de directivo o un ministro puede devengar 11 veces el salario de un policía, o más si sumamos a ello, bonos, aguinaldo, regalos navideños, viáticos, gastos de representación, etc…

Cierto es que gran parte de los policías rasos son ningunos angelitos. No pocos de ellos generan violencia injustificada en perjuicio de la población civil, pero responder con autoritarismo y represión a las peticiones del cuerpo en general, en cuanto a su dignificación salarial y laboral, no es el camino.

El vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, sin embargo, no se anduvo por las ramas, inmediatamente ha señalado la puerta de salida de la institución a los agentes descontentos. Como si en el país abundaran las fuentes de trabajo “Quien no se sienta a gusto en la PNC, que vaya a buscar otro trabajo”, dijo.

Cabe acá preguntarnos cuánto devenga el vicepresidente de la república; de qué condiciones de trabajo goza y cuánto es el riesgo a su seguridad personal y de su familia en el desempeño de sus labores. Comparemos luego las condiciones de trabajo del vicepresidente Ortiz con el sueldo y condiciones de trabajo y riesgos a la seguridad de un agente policial y su familia.

Da la impresión que demasiado pronto olvidó el vicepresidente sus orígenes humildes y su pasado irremisiblemente vinculado a las luchas populares.

En general el Poder Ejecutivo, califica de deshonra para la corporación policial, la lucha reivindicativa de los agentes y promete duras sanciones, ante lo cual muy bien responden sus dirigentes, que no es la lucha por la dignificación de los agentes, la que deshonra la corporación, sino los malos jefes implicados en escándalos de borracheras, acoso sexual y connivencia con grupos mafiosos.

Una de las grandes lecciones que el Estado salvadoreño debería haber aprendido del pasado vivido por nuestro país, es que enfrentar la problemática social con autoritarismo y represión, no resulta en otra cosa que agravar la situación, dado que en tales circunstancias los demandantes tiende a radicalizarse.

Es de la naturaleza humana, generar antipatía cuando enfrentados a los débiles, recurren los poderosos a la fuerza, antes que al diálogo.

En este caso el Estado representa el máximo poder de la nación, y los agentes al indefenso ciudadano que reclama dignidad, derechos laborales, humanos; y nada más.

Pablo Perz

 


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