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Quitar el agua al pez

Las grandes masas marginadas de la sociedad salvadoreña y abandonadas a su suerte por el Estado, se refugian en el mercado informal para poder sobrevivir y no perecer de hambre. De esta manera, aunque en una posición muy periférica y a contracorriente, se ganan esas masas un merecido lugar entre la población económicamente activa del país.

Y si las calles céntricas de las ciudades salvadoreñas se vuelven intransitables por la masiva presencia de vendedores informales, tal cosa nos sirve de índice para calcular el porcentaje de compatriotas lanzados a la miseria por la injusticia social que se vive en nuestro país, propiciada por los detentores del poder económico y político.

De modo pues que el constante hostigamiento a que se ven sometidos los vendedores informales por parte de  las muncipalidades, no solo es un gran atropello, sino que constituye, además, todo un atentado en perjuicio de la buena marcha de la economía del país.

Hasta ahora, lo que los salvadoreños conocemos acerca de las razones del acoso de las municipalidades hacia el comercio informal pertenece al ámbito de lo estético: “Las ventas callejeras, afean las ciudades”, razonan los consejos municipales que adoptan belicosas políticas en perjuicio de los vendedores. En su colectiva ignorancia, tales consejos no hacen otra cosa que colocarse al mismo nivel de las maras: tienden a paralizar al pequeño y micro comercio, el cual pone en marcha una masa monetaria que en un país de las características de El Salvador, significa gran envergadura.

Otro argumento que esgrimen las autoridades enemigas del comercio informal es que este ámbito está íntimamente asociado al accionar pandillero. ¡Cierto! Pero lo que realmente ocurre es que el Estado y las municipalidades únicamente se acuerdan del comercio informal, a la hora de cobrar impuestos; en cambio le ignoran a la hora de que esos impuestos se convierten en servicios básicos para la sociedad. Este vacío de autoridad legal, ha sido aprovechado por las pandillas, en complicidad de funcionarios y policías corruptos, para jugar, tales agrupaciones, el papel de autoridad real sobre el terreno. Esta es una autoridad arbitraria, basada en la coersión y la violencia, pero que resulta en que los pandilleros garantizan a los vendedores informales, un puesto estable en la calle para sus negocios; les protegen de otros vendedores que pretendan desplazarlos y les garantizan que sus sindicatos se mantengan con vida.

Estas garantías no son gratis, los microcomerciantes tiene que pagar diferentes impuestos y tasas a los pandilleros.

Según datos periodísticos que abordan este mismo tema, al menos la alcaldía de San Salvador, ha perdido la capacidad y el interés de cobrar impuestos a los vendedores informales, lo cual se torna en beneficio de las pandillas. Son éstas las que reciben la millonaria contribución que deberían estar recibiendo las arcas municipales. Seguramente que este fenómeno ocurre también en el resto de cabeceras municipales e importantes ciudades del país.

Observemos que el hecho que sean las pandillas las que ejerzan control y gobierno sobre las arterias centrales de las ciudades salvadoreñas, significa otra evidencia más de algo que afirman los medios y que  niegan nuestras autoridades con gran vehemencia: la pérdida de control territorial por parte del Estado, en favor de las agrupaciones delictivas antes mencionadas.

Enmedio de este desolador y oscuro panorama, ha surgido de pronto un rayo de luz: A partir de  declaraciones dadas a la prensa por el Alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, hemos deducido que él plantea como solución al caos suscitado en el centro histórico de San Salvador, construír tantos mercados sean necesarios para dar cabida al comercio informal que ocupa las calles.

De llevarse a la práctica esta iniciativa devendría consecuentemente una fenomenal y revolucionaria solución. Las céntricas calles de San Salvador volverían a ser transitables. Y si a la par de ésto fuese capaz, la acción combinada del Estado y la municipalidad, de impedir que las pandillas tomen control de tales pensados establecimientos comerciales, las contribuciones del sector informal tomarían el cauce correcto: las arcas munícipes. Significaría todo eso, de hacerse realidad, una versión diferente de la estrategia: “Quitar el agua al pez”.

Desde luego que ésto no significaría en modo alguno, el punto final de la problemática. Ese punto final devendría el día que el Estado, a través de desmontar el sistema de injusticia que priva en El Salvador, sea capaz de que los estratos sociales, por hoy marginados, sean incorporados con pleno derecho, al concierto económico social del país.

Ahmed Goliath

 

 

 

 

 

 

 

 

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