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Una nación inserta, beligerante, y el necesario diálogo

Partamos de que han desaparecido de la sociedad salvadoreña, aquellos actores y factores que en el pasado propugnaban por un cambio estructural del sistema económico y social, que hiciera desaparecer las escandalosas desigualdades a que nos obligan los poderosos de la política y la economía. El orden de cosas sobrevivió al conflicto y se ha consolidado.

El fenómeno de nuestro tiempo es que las pandillas ya son una nación inserta dentro de la nación salvadoreña (*), por lo tanto es imposible que el Estado consiga erradicarlas; tanto por el segmento de la población que significan (cerca del cuarto de millón, sumados, simpatizantes, familiares y colaboradores), así como porque las causas estructurales que dan origen a las pandillas han pasado a formar parte incuestionable del sistema.

A lo mucho que el Estado puede aspirar, de no trazarse la meta de eliminar esas causas estructurales, es a una guerra antipandillera (ya desatada), y  que vendría a ser una guerra infinita que condenaría al país asimismo a un estancamiento infinito.

El FMI deposita en la actuación de la clase política, el 50% de las razones del estancamiento económico de El Salvador. El otro 50% de esas razones las asigna a la violencia pandillera.

Las desigualdades sociales propiciadas por el sistema son el perfecto sustrato que las pandillas necesitan para reproducirse, igual que para las moscas y las ratas, ese perfecto sustrato son las inmundicies.

Poco a poco las pandillas fueron forzando al Estado salvadoreño a aceptar el reto de crear un estado de guerra a fin de dirimir las mutuas diferencias.

Es posible que el Estado no sea conciente de ello, pero este reto fue finalmente aceptado, mediante la creación de los batallones antipandillas y las tácticas puestas en práctica por éstos, las cuales son en definitiva, tácticas de contraguerrilla.

El entuerto estriba en que al aceptar el Estado a un contendiente como contraparte en el marco de una situación de guerra, automáticamente le concede a esa contraparte calidad de fuerza beligerante; no por obediencia a algún manual de formalismos protocolares, sino porque todo enfrentamiento bélico se dirime a cuatro niveles: el armado, el político, el diplomático y el económico.

En este contexto el Estado salvadoreño ha reconocido el enfrentamiento armado con las pandillas, pero se niega a reconocer la necesidad de abrir un canal de entendimiento para llegar a los inevitables pactos que en cualquier enfrentamiento bélico se necesita llegar con el enemigo.

En el marco de la creciente beligerancia entre el Estado y las pandillas, cobraron conciencia, sectores del mismo Estado y sectores de la población civil, del vacío generado por la ausencia de un canal de diálogo entre las partes en contienda.

Este vacío es el que determinados funcionarios del gobierno Funes, y particulares de la población civil trataron de llenar, buscando acercamiento a los mandos pandilleros, todo lo cual desembocó en la llamada “tregua interpandillas”, avalada por el primer gobierno del FMLN y condenada por el segundo gobierno de este mismo partido.

Quienes buscaron dialogar con los jefes pandilleros actuaron bajo el signo de la buenas intenciones, desde Raúl Mijango, Fabio Colindres, Paolo Lüers, pasando por funcionarios; ex funcionarios gubernamentales; llegando hasta el Secretario General del la OEA.

Desde luego, deben haber quienes no han actuado de buena fe en este embrollo; quienes habrían concedido beneficios y recursos ilegales a los pandilleros presos, para cosechar de ello, beneficios económicos.

También han actuado de mala fe, ventilan los medios, determinados partidos políticos que buscaron un diálogo secreto con las pandillas con fines puramente electorales, para después darles la espalda.

Como en todo conflicto bélico, surgen poderosos sectores radicalizados que niegan la necesidad de cualquier acercamiento y diálogo con el enemigo.

El Fiscal General de la República, en el marco del actual gobierno, decide penalizar la antes dicha y pasada tregua, e imputar a todos los que de un modo u otro, tuvieron que ver con ella. Tal decisión le hace caer en una clara incongruencia.

Parte el Fiscal del criterio que todo aquel que promovió y participó de algún diálogo con pandilleros, debe ser medido con la misma vara. En consecuencia es capturado y sometido a prisión el ex guerrillero y ex diputado Raúl Mijango, junto con cerca de una veintena de, entre, ex funcionarios y ex empleados penitenciarios, jefes policiales y personas particulares, bajo la general acusación de que la tregua fue ilegal, y en el marco de esa ilegalidad se cometieron múltiples ilícitos.

La antes dicha incongruencia estriba en que se deja afuera de este grupo, cantidad de otras personas que califican en el marco de las acusaciones del señor Fiscal General, hacia las cuales, sin embargo, ni por asomo hay órdenes de captura: el vicario castrense, Fabio Colindres; el actual ministro de defensa, general David Munguía Payés; el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano; el diputado arenero Ernesto Muyshondt; incluso el mismísimo expresidente de la república Mauricio Funes, bajo cuya responsabilidad o instrucciones tuvieron que actuar los funcionarios de su gobierno que buscaron entendimientos con pandillas.

Debería el señor Fiscal General, a fin de recobrar la congruencia perdida, presentar algún requerimiento judicial dirigido a la persona del chileno Miguel Insulsa quien en su calidad de Secretario General de la OEA vino a nuestro país a dar su aval, en el terreno de los hechos, al diálogo abierto por parte de ciertos funcionarios del gobierno Funes con jefes pandilleros. Y también incluír entre los imputados al ex insurgente Salvador Samayoa, quien ha sido precursor de las reuniones entre políticos y pandilleros.

Hay que decir que la actuación del Fiscal General se muestra demasiado arrebatada.

Son demasiadas personas privadas de libertad en relación a este asunto, alejadas de las posibilidades de llevar el sustento diario a sus familias, en el marco de un caso que no amerita prisión preventiva, pues los acusados son personas con suficiente arraigo y dispuestos a defender con argumentos sus actos, ante cualquier tribunal de justicia.

El señor Fiscal tiene derecho a acusar a los implicados en la tregua, si él considera que han violado la ley; pero someterlos a prisión preventiva es excesivo, cuando a no pocos funcionarios y políticos sobre los cuales pesan graves acusaciones, se les concede libertad en tanto no sean vencidos en juicio.

La arrebatada actuación del señor Fiscal podría deberse a enormes presiones ejercidas sobre él, por quienes desean hacer callar de este modo a ciudadanos críticos al proceder de la clase política. Tal es el caso de Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, a quien, sentado en su mullido sillón de vicepresidente, le invade la fantasía de sentirse un faraón con derecho a pedir con mucha insistencia, a la FGR, la cabeza del periodista Paolo Lüers, uno de los protagonistas del diálogo y tregua interpandillas. Al vicepresidente “legislativo”, a pesar de su alta investidura, la extrema ignorancia en materia gubernativa le lleva a obviar que la FGR, como parte integrante del Poder Judicial, está ligada al mandato constitucional, de total independencia.

 

(*) Nación: conjunto de personas al que una cultura compartida, crea conciencia de comunidad con capacidad de autogobernarse. Una nación puede o nó ejercer soberanía sobre un territorio determinado, como el caso de los nómadas de los desiertos, los gitanos y las tribus pieles rojas.

Cultura compartida por las pandillas salvadoreñas: extorsión, tráficos ilícitos, sicariato, asalto, robo, terrorismo asesino; mercenarismo al servicio del crimen organizado y de políticos mafiosos; ritos satánicos… Es obvio que se autogobiernan bajo códigos propios.

Pablo Perz


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