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La “democracia” del gran empresariado

El Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana se ha ganado un justo lugar entre los más destacados observadores que analizan la evolución de la economía salvadoreña.

En su último informe remacha este Departamento sobre una conducta del gran empresariado que en el ámbito judicial es constitutiva de delito, ante lo cual sin embargo, el Estado se muestra impotente; incapaz, a pesar de las graves consecuencias que para el país conlleva tal conducta. Estamos hablando de la evasión y elusión fiscal.

En 2015, calcula el Departamento de Economía de la UCA, la evasión fiscal sin tomar en cuenta la elusión y únicamente referida al impuesto sobre la renta, por parte de las grandes empresas, ascendió alrededor de U$ 1513 000 000:-

Otro delito cometido anualmente por el gran empresariado y que también pertenece al ámbito de la impunidad es la apropiación indebida del IVA.

El estudio de la UCA sustentado en sólidas pruebas y no en meras especulaciones, debería por si solo desatar una investigación de oficio por parte de la Fiscalía General de la República. Esta investigación y otra sobre las posibles comisiones delictivas de empresarios salvadoreños en relación a los ”papeles de Panamá”, serían más provechosas para el país, y para el prestigio de la FGR, que el asunto que le ocupa hoy día su precioso tiempo: la persecución de ese grupo de salvadoreños que movidos por la desesperanza, buscaron tocar la sensibilidad de los jefes pandilleros, promoviendo entre ellos “la tregua”.

La conducta delictiva del gran empresariado en materia fiscal es harto conocida en nuestro país, pero nunca la FGR ha puesto manos sobre este cáncer que afecta las finanzas públicas y es causante de la pobreza, el hambre, la sed, la desocupación y el deterioro ambiental que atormentan la existencia de las capas populares de nuestro país.

La semana pasada, que fue la misma semana que se publicó el estudio de la UCA, la Fundación Guillermo Ungo, dio a conocer en otro estudio, que la población de jóvenes que no trabajan ni estudian,  a causa de la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia social, se ha situado en 2016, según cálculos conservadores, en unos 415 000, muchachos de ambos sexos entre 16 y 29 años. Esto significa cerca de medio millón de la juventud salvadoreña, posibles candidatos a engrosar las filas pandilleras.

El delito fiscal es una arraigada y secular conducta del gran empresariado salvadoreño, de modo que sería imposible calcular el monto total de lo evadido, eludido, y de las apropiaciones indebidas en que ha incurrido a lo largo de la historia; pero en el marco de la historia reciente, el ministerio público cuenta con la capacidad de dar seguimiento de manera retroactiva a este típico delito, a través de revisar los libros contables de cada empresa en particular, a fin de recuperar para el Estado, esos dineros mal habidos y que pudiesen ser invertidos en aliviar la precaria situación de la juventud salvadoreña. Para ello únicamente hace falta fuerza de voluntad, y que el señor Fiscal General, no les tenga miedo únicamente a los promotores de treguas interpandillas; sino que le pierda el miedo además a monstruos de la talla de ANEP, ASI, CASALCO y otros por el estilo.

A pesar de las grandes villanías cometidas por los grandes empresarios salvadoreños en materia fiscal, que los ha llevado a colocarse entre los grandes multimillonarios del continente, mantienen contra las cuerdas al Estado, esgrimiendo la falsa doctrina de que los estímulos fiscales a favor de ellos, son la garantía para la inversión, generación de empleos, el progreso y desarrollo del país; vistos tales estímulos fiscales como excepción y sustanciales rebajas de impuestos en una ampla gama de rubros impositivos. La postración en que se encuentra la nación salvadoreña es la más palpable muestra de la falsedad de tal doctrina, pues es en nuestro país en donde la gran empresa paga menos y evade más impuestos, a nivel latinoamericano. En consecuencia debería colocarse El Salvador, entre las más prósperas de las naciones del continente; sin embargo sucede todo lo contrario.

Hoy día hay analistas que proponen que posteriormente a la debacle de la URSS, el escenario internacional sigue siendo bipolar. Que los antiguos polos, “socialismo – capitalismo”, han sido sustituidos por estos otros: “democracia – autoritarismo”.

Sitúan esos analistas entre los regímenes autoritarios a Cuba, que sigue siendo el único país del tercer mundo que en lo social exhibe estadísticas y cifras de primer mundo; mayor equidad y bienestar, incluso que en los Estados Unidos de América. Y se incluye entre los regímenes autoritarios a Venezuela, en donde el gobierno libra denodada lucha por hacer entrar en cintura al gran empresariado venezolano, cuyos parámetros de conducta son similares a los de la gran empresa salvadoreña.

Entre los regímenes democráticos incluyen a El Salvador, país en el que la clase dirigente, prefiere fugar sus capitales a paraísos fiscales, antes que pagar impuestos al Estado e invertir en beneficio de la sociedad salvadoreña, cuya explotación les produce fabulosas ganancias.

Y por supuesto, consideran esos analistas que el mejor modelo de democracia son los EEUU, país en el que la mayoría del senado y de la cámara de representantes consideran gran error que el gobierno intente que el derecho a la atención hospitalaria cubra a los más desfavorecidos de la sociedad. País en el que los candidatos que hacen gala de un discurso racista, xenófobo y sobrecargado de apología de desigualdad social, tienen las mayores posibilidades de ser electos a la presidencia. País que desata guerras de rapiña en cualquier lugar del planeta, pretextando llevar ahí la democracia y su modelo de desigualdad económica y social.

Obvian esos analistas que los eventos electorales no bastan para que haya democracia, que debe haber también democracia social y democracia económica. Esto es, una justa distribución del bienestar social y económico.

En nuestra obligada búsqueda de la paz social, debemos los salvadoreños pasar de largo por la democracia de desigualdad que entiende el gran empresariado, y entregarnos a la consecución de una auténtica democracia popular, de justicia social.

Froilán Sánchez


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