08
Aug
16

Momento propicio: revisar la política salarial del Estado

Desde los primeros años de la Cuba revolucionaria quedó esablecida por los EEUU, la principal táctica a emplear para atacar los “regímenes de izquierda” que se instalasen en el poder: el ataque a la gestión y los planes económicos y sociales de esos gobiernos.

Tuvo magros resultados en la propia Cuba; pero más tarde fue esa táctica, responsable de la caída del gobierno de Salvador Allende (Chile); del primer regimen sandinista en Nicaragua y del caos que impera actualmente en el seno de la sociedad venezolana.

Suficiente experiencia histórica como para que el gobierno de Sánchez Cerén en El Salvador hubiese advertido la tormenta que pendía sobre él, se diese a estructurar una táctica de contención y tomara pertinentes precauciones.

Aún se cree ver en la creación del consorcio ALBA una medida preventiva en tal sentido, ya que el partido en el gobierno califica esta empresa multisectorial, como una empresa de beneficio social. Y sin embargo, el potencial de este consorcio respecto a apuntalar los planes sociales del gobierno, muestra con el correr del tiempo un perfil más bajo que al principio.

Otra medida preventiva se ve en la creación de PROESA, entidad gubernanemtal dedicada a fomentar exportaciones y captar inversiones extranjeras a favor de El Salvador.

Algunas voces críticas ven un insuficiente impacto social en ALBA, y ninguno en PROESA.  Tal cosa se estaría achacando no propiamente a la táctica puesta en marcha, sino a que una de las debilidades del actual gobierno es que algunos de sus funcionarios claves, gastan más tiempo en proyectos personales que a procurar el éxito de los planes gubernamentales. Sirve de ejemplo el fracaso del antiguo ministro de seguridad quien dedicaba mucho de su tiempo laboral a cursar una maestría en una universidad del país. Otro ejemplo, se dice es, que el actual cabeza principal de PROESA es una persona que reparte su tiempo entre la gestión que le ha sido encomendada y lucrativos negocios personales que él reinvindica como un legítimo derecho.

El hecho es que los sectores políticos y estatales opositores al gobierno de Sánchez Cerén, han logrado poner a éste entre las cuerdas de la bancarrota financiera, con lo cual dicho gobierno está, se dice, a unas cuantas semanas de perder la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras y caer en el impago por falta de liquidez.

Se verían afectados gravemente, en tal caso, los trabajadores de bajo nivel cuyos salarios dependen de la salud financiera del Estado, los cuales dejarían de percibir sus respectivos salarios, no así, se cree, los funcionarios de alto nivel.

Amaga entonces el Poder Ejecutivo del país, echar mano entre otros, a un último recurso que trataba de eludir a toda costa: el drástico recorte a los gastos de todas las instancias y carteras del Estado, y algo más delicado aún: la revisión a la baja de los onerosos salarios y prebendas, bonos, premios, gastos extraordinarios, de que gozan, diputados, ministros, secretarios, asesores, ejecutivos de entidades autónomas; en fin, los altos cargos del gobierno y el Estado.

En realidad, este régimen de altísimos salarios y prevendas estatales gozan del blindaje que les confieren intrincadas leyes confeccionadas exprofeso al perverso propósito que sea complicado hasta lo imposible, su desmontaje. El gobierno lo sabe, y si lo trae a mención, seguramentes es nada más con el propósito de advertir al funcionariado sobre la gravedad del asunto.

Y sin embargo, el Poder Ejecutivo, trayendo a colación el régimen salarial del Estado salvadoreño, toca una cuerda muy sensible del electorado, a la vez que mueve una pieza realmente clave en materia de sanear las finanzas y fortalecer la fiscalidad estatal.

El asunto central es que el régimen salarial del Estado debe estar en consonancia tanto con la capacidad económica del país, como con la eficacia adminstrativa de los  funcionarios. Y resulta que en el caso salvadoreño, además de la ancestral ineficacia administrativa del Estado, carece la crónicamente endeble economía del país, de la capacidad de pagar los altísmos salarios que devenga el conjunto de sus funcionarios. El pago de estos salarios es una de las causas principales del escandaloso y permanente déficit fiscal y del escandaloso déficit en materia de desarrollo humano del país.

Los $10,460 que paga mensualmente la CEL a su presidente, significan poco menos de 53 salarios mínimos en El Salvador.

Los $8000 que recibe mensulamente la presidenta del Registro Nacional de las Personas Naturales, corresponden a 40 salarios mínimos.

Los $7000 que recibe mensualmete el presidente de PROESA significan 35 salarios mínimos.

La Superintendenta General de Electricidad y Telecomunicaciones devenga 37 salarios mínimos ($7,342.71).

Por falta de espacio nos abstenemos de incluír acá al ejército de asesores, secretarios y legisladores cuyos altísimos salarios impiden llegue el pan a la mesa de muchísimos salvadoreños.

La paradoja estriba en que el conjunto de funcionarios salvadoreños forma parte de los más ineficaces (con raras excepciones), y sin embargo de los mejor remunerados a nivel latinoamericano, en una de las economías más pobres y estancadas del continente.

En resumidas cuentas, el régimen de salarios del Estado salvadoreño es una de las principales causas de el ancho abismo de desigualdad social, el cual abismo es una gigantesca contribución a la generación de pandillerismo y toda clase de delincuencia en este país.

En fin, la presidencia de la república haría muy bien en no sólo limitarse a asustar al funcionariado con una más que improbable revisión de salarios; debería más bien impulsar toda una campaña; estructurar una integral estrategia política a ese fin. El momento es propicio. La nación entera y los pobres de El Salvador; los que diariamente padecen hambre, sed, desnutrición, falta de viviendas, escuelas y hospitales en este páis; y más encima padecen la crónica, pésima e ineficiente adminstración pública y bajísimos salarios, le quedarían históricamente agradecidos.

Ahmed Goliath

PD: Para este comentario, se ha calculado el salario mínimo estableciendo la media aritmética entre los 7 diferentes salarios mínimos vigentes en el país en diferentes sectores, que van desde, $98,70 hasta $251,70

 


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