06
Sep
16

La paz de los políticos no es la paz del pueblo

En comparación con El Salvador, el caso colombiano presenta la complejidad que el acuerdo de paz se celebra entre el Estado y uno solo de los muchos actores del conflicto armado. Quedan por fuera del acuerdo, 9 agrupaciones guerrilleras de izquierda, 12 bandas paramilitares,  6 carteles del narcotráfico e incontables agrupaciones criminales denominadas “bacrim” por la jerga policial, equivalentes a las clicas salvadoreñas, que surgen como hongos a lo largo y ancho de esa geografía suramericana.

En El Salvador las bandas paramilitares fueron apéndices de la Fuerza Armada y de los cuerpos policíacos (Guardia y Policía Nacional; Policía de Hacienda y Policía Judicial), por lo tanto eliminadas tras los acuerdos de paz. En Colombia son estas bandas ejércitos privados, de oligarcas y terratenientes que no obedecen al Estado y no están interesados en la paz. La guerra es otro más de sus florecientes negocios.

El nulo interés de los terratenientes por la paz es consecuencia de que el Estado colombiano carece de la fuerza necesaria para hacer acto de presencia y gobernar efectivamente en la profundidad de las zonas rurales del país donde ellos están asentados. Confían más, terratenientes y oligarcas, en el poder de fuego de sus ejércitos privados para mantener el orden de cosas en la Colombia profunda. Ese orden de cosas pasa por eliminar mediante el poder de las armas, las pequeñas parcelas y todo posibilidad de que el campesinado pobre tenga acceso a cultivar la tierra de manera independiente. Tal cosa significa una intolerable competencia comercial y carencia de mano de obra para ellos, terratenientes.

Por otra parte, la acción de los carteles únicamente puede ser detenida mediante la legalización de la producción y comercialización de la amplia gama de drogas que producen los dueños del negocio. Algo que el Estado Colombiano no se puede dar el lujo de permitir antes que Estados Unidos lo acepte y permita. La comercialización y uso de drogas producidas en Colombia, a pesar del multimillonario presupuesto que EEUU gasta en su guerra antidrogas, en lugar de disminuir aumenta cada año. Este embrollo, según el hombre de la calle, se debe a que, las altas esferas del narcotráfico internacional están convencidas que la legalización de las drogas, arrojaría significativamente menores beneficios que los que arroja hoy día la ilegalidad de las mismas.

Por su parte las bandas del crimen común colombianas (bacrim), igual que las clicas salvadoreñas, viven de extorsionar y robar a pequeños negocios y pequeñas empresas; al ciudadano de a pie; y de prestar sus servicios a los grandes del narcotráfico, como sicarios, custodios de cargamentos de drogas, o disribuidores del narcomenudeo.

Fuera de las complejidades que marcan la diferencia entre el conflicto colombiano y el salvadoreño, lo que seguirá en el período post acuerdos de paz en aquellas regiones en donde las FARC sentaban sus reales y su influencia político militar, es previsible, debido  a que los acuerdos colombianos, en la medida que se dan a conocer, se están pareciendo bastante a los acuerdos salvadoreños de 1992.

Se establecerán zonas en donde se concentrará el personal de las FARC. Se concentrará además todo material de guerra perteneciente a la guerrilla, bajo lo custodia de autoridades multisectoriales. Se procederá luego a la destrucción de ese armamento, a la desmovilización del personal guerrillero y su reinserción a la sociedad.

A partir de allí, si continúa pareciéndose el proceso colombiano al salvadoreño, la desmovilización de los combatientes será asegurada mediante, entregas individuales y colectivas de parcelas de tierra, asesoría para formar pequeñas cooperativas y pequeños negocios, becas de estudio, pequeñas ayudas económicas, etc… Ésto para los combatientes de base. Para la dirigencia insurgente serán otra clase de privilegios no necesariamente documentados y detallados.

Los combatientes de base jugarán rol protagónico en la desmovilización. La población civil afectada y victimizada por el conflicto, que fácilmente decuplica al número de combatientes desmovilizados, se ignorará o en el mejor de los casos será colocada en un segundo o tercer lugar de importancia. Los altos mandos y medios de la ex guerrilla se entregarán a formar un instrumento político que les acerque y capacite a la disputa electoral por el control del poder central; y a la brega por agenciarse un lugar en el concierto de la macroeconomía y las grandes finanzas. En este intento, habrá un paulatino divorcio entre la dirigencia y la base combatiente; se dará la lenta pero inexorable dispersión de éstos últimos. No pocos de éstos, conocedores nada más que del oficio de las armas, se verán obligados a engrosar las bacrim para poder sobrevivir. Los combatientes netos perderán su influencia en el aparato político de la ex guerrilla. Este se abrirá a nutrirse con políticos de oficio, oportunistas que antes militaron en el bando enemigo y juran, en las nuevas circunstancias, fidelidad.

Se dice con razón que con esta fórmula de paz,  el Estado salvadoreño cerró el último capítulo de la guerra contrainsurgente para abrir el primer capítulo de la guerra antipandillera. De ésto se infiere que en colombia tal fórmula no desembocará en otra cosa que en la multiplicación de la violencia de las bacrim y de la violencia de los órganos armados del Estado. La víctima de toda guerra es harto conocida: la población civil.

La fórmula de paz debería ser otra muy distinta a fin de evitar el auge de la violencia delincuencial y de la violencia del Estado.

La preocupación más grande que le quita el sueño y la tranquilidad al Estado es la influencia política y militar de la insurgencia sobre la población civil que habita los alrededores de las zonas de control. Por tal motivo la mayor urgencia del Estado es que desaparezca de esos lugares, lo más pronto que se pueda, la presencia, y de ser posible, hasta el recuerdo de la ya ex guerrilla.

Diversas son las razones, sin embargo, por las que, en virtud de la antesdicha influencia, en esas zonas de control guerrillero, la delincuencia en lo que duró el conflicto, llegó a colocarse a niveles cercanos al cero por largos períodos de tiempo. Esto hace necesario, en interés de la población civil, que el desarme y la desmovilización de la guerrilla no suceda de un día para otro.

El fenómeno es que en un medio social de grandes desigualdades, creciente criminalidad; debilidad e impotencia del Estado central y de las municipalidades, como son Colombia y El Salvador, el vacío que deja la guerrilla en las zonas de control y sus alrededores, tiende a ser llenado por las bandas criminales que viven de extorsionar, robar y amedrentar a los pobladores.

Colombia aún está a tiempo de eludir la falta de tacto cometida en El salvador, a fin de evitar que el proceso desemboque en multiplicar el auge de la criminalidad. Esto implica, en primer lugar que la dirigencia guerrillera reconvertida a dirigencia política, evite el divorcio con la base y no abandone el objetivo de resolver  la desigualdad social por la vía de revolucionar las obsoletas estructuras del sistema.

En segundo lugar que el desarme y la desmovilización, deberían darse paulatinamente, sin ninguna prisa, con el objetivo de que la disuasiva influencia antidelincuencial de la guerrilla, no desaparezca de inmediato en esos lugares.

En el mejor de los casos, las unidades guerrilleras deberían, mediante la adecuada formación, transformarse en cuerpos policiales para actuar allí, en las mismas zonas donde antes operaron en calidad de insurgentes.

Luego vendrá el turno del Poder Judicial, el que pone los puntos sobre las íes al final de la contienda. En este asunto vale la pena poner en práctica la contribución de los jesuitas salvadoreños a la cicatrización de las heridas: identificar y poner mano judicial sobre los ejecutores de crímenes de guerra, no con ánimos de  venganza, ni siquiera para el castigo; sino para que reconozcan su culpa, pidan perdón y el pueblo acceda a la verdad de lo sucedido.

Al final de esta historia nos quedará la gran lección, que la paz entre los políticos, no significa que haya paz para el pueblo humilde y trabajador. En todo caso, una lección de dimensiones históricas, digna de transmitirse a las generaciones venideras.

Lo relativo a anteriores, reiterados y fracasados procesos de paz en Colombia, como el protagonizado por la Unión Patriótica en la década de los 80 del siglo pasado, tendrá que ser objeto de un próximo comentario a cargo de alguno de los integrantes de la mesa de redacción de, La Columna Vertebral.

Urías Eleazr


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