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Víctimas colaterales de las “Medidas Extraordinarias” (*)

¿Quién indemnizará a Miguel Angel Deras Martínez y a Wendy Lisseth Morales Gálvez?

Los casos de los jóvenes Miguel Angel Deras Martínez (20 años) y Wendy Morales (23 años), quienes han purgado largas semanas de injusto encarcelamiento en bartolinas del sistema judicial salvadoreño, consideradas entre las más peligrosas e insalubres del mundo, son apenas la punta de un montón de casos que suceden a diario en nuestro país y que los medios de prensa no alcanzan a cubrir con sus notas y reportages.

Tal situación  tiene su origen en la ineficacia y corrupción del sistema policial – judicial salvadoreño, problemática que en el marco de las medidas extraoridinarias adoptadas por el gobierno de este país, se ha agudizado, de tal manera que existe en gran parte de la población, la percepción que el salvadoreño honrado y trabajador se encuentra amenazado a partes iguales, por un lado por la violencia delincuencial, y por otro lado por la violencia del sistema policial – judicial del Estado.

Respecto de  Miguel Angel Deras, las chapuzas de los investigadores judiciales llevaron a éstos al convencimiento que este joven emprendedor (administra su propio negocio), participó de una masacre perpetrada el 3 de marzo de este año, por una clica pandillera, en la humanidad de un grupo de once trabajadores, en el canton Agua Escondida, San Juan Opico.

Miguel Angel fue detenido el martes 17 de mayo, por una patrulla conjunta compuesta por militares y PNC, a pesar que todo el vecindario daba fe que el día y a la hora de los hechos el joven estuvo dedicado a las tareas cotidianas de su pequeño negocio. Daba fe además el vecindario que Miguel es ejeno a la subcultura propia de pandilleros, como drogas, tatuajes, armas, ropas holgadas, habla distorcionada y amenazante, etc…

Puesto a la orden de los tribunales, el fiscal del caso acusó al joven Deras de ser un “asesino desalmado” que disparó a la nuca de uno de los trabajadores masacrados y pidió por ello, para él, 300 años de cárcel.

“Tenemos testigos presenciales que nos aportan elementos que contribuyen a establecer las circunstancias en las que sucedieron los hechos y el nivel de participación de cada uno de los procesados en el mismo”, dijo. “Contamos con un vídeo”, agregó el fiscal con contundencia.

La actuación de las autoridades policiales y judiciales, en este caso, llegó a contar incluso con el respaldo de la presidencia de la república.

Después de 59 días de detención en las condiciones de lesa humanidad que prevalecen en las bartolinas y centros penales del país y que la Corte Suprema de Justicia sanciona de Ilegales, fue liberado Miguel Angel y sobreseido de cargos, por el juez del caso, sobre la base de grandes vacíos e inconsistencias investigativas, mediante las cuales el fiscal correspondiente, pretendía que el joven Deras Martínez, ampliamente conocido y querido en su vecindario, se pudriera en las cloacas a que ponposamente se da el nombre de Sistema Penitenciario de El Salvador.

La joven licenciada en Trabajo Social, Wendy Liseth Morales Gálvez fue detenida en su casa de habitación en donde reside con su familia paterna, el 5 de septiembre en horas de la noche.

Nadie es capaz de explicar el porqué, la patrulla que detuvo a la joven, dio ante sus familiares, grandes muestras de carencia de profesionalismo y de insuficiente moralidad como agentes policiales. Primero explicaron que atendían una denuncia de violencia familiar en esa casa; luego cambiaron el argumento, acusando a la licenciada Wendy Morales, de vender drogas. Fue hasta que tales argucias fueron desarmadas por la familia de la joven, que aclararon que atendían requerimiento del juez de paz de Jocoaitique, Morazán, quien requería a Wendy por un caso de extorsión.

Pasó la licenciada 25 días detenida en las mismas condiciones que Miguel Angel Deras, en una celda insalubre, lúgubre y sucia, sin posibilidad de aseo personal o alguna intimidad; en donde las otras reclusas le llamaban “la extorsionista”.

Su caso sigue abierto, su libertad es provisional. Esta ha sido  producto de una intensa lucha mediante la cual sus familiares, amigos y allegados demostraron que la joven licenciada goza de suficiente arraigo e integración social, como para que pueda ser investigada en libertad por el delito que se le imputa. Que no tiene ella vínculo alguno con delincuentes; jamás ha tenido antecedentes penales y goza del aprecio y cariño de quienes la conocen por su dedicación a la defensa de los derechos humanos de los más desprotegidos de la sociedad; y por sus notorios aportes culturales al país, relativos a que la lengua Nahuátl se mantenga viva como parte de la identidad salvadoreña.

El caso es que un año atrás, alguien hurtó a Wendy sin que ella se diese cuenta, su teléfono celular. Este teléfono fue utilizado por delincuentes para amenazar y extorsionar a una persona residente en el departamento de Morazán.

Quien escribe esta nota desconoce que exista como ley, el requerimiento que en casos de pérdida de teléfonos celulares, sean éstas reportadas a la PNC y a la companía proveedora del servicio. Wendy pasó por alto estos requerimientos y es comprensible.

Es tan torturante y estresante, sobre todo para el salvadoreño que utiliza cada minuto de su tiempo para sobrevivir a la crisis y atender a su familia, el laberinto burocrático que se necesita superar para interponer una denuncia ante la PNC, o para ser atendido debidamente y sin cobrar, por las compañías de servicios telefónicos. Sólo en caso de grave necesidad un salvadoreño con dos dedos de frente se atreve a ello. Intentar negocios con la PNC y las compañías telefónicas, arriesga en ello el salvadoreño, ir a por lana y salir trasquilado; salir de allí, tras corneado, apaleado.

A estas alturas de la historia, las vidas de Miguel Angel Deras Martínez y de Wendy Liseeth Morales Gálvez han sido trastornadas gravemente por la acción del sistema policial – judicial, en el marco de las “medidas extraordinarias”. Ambos jóvenes sufren de severo estrés postraumático. El calvario de Wendy no ha terminado. Su caso sigue abierto.

Aparte del gravísimo daño psicológico causado a estos honrados trabajadores salvadoreños, a ellos, personas de muy limitados recursos, costos procesales, pago de abogados y otros gastos relacionados a la injusta problemática en que los despeñó el Estado, los han lanzado a la ruina económica y a severo endeudamiento por largos años.

No obstante, a nivel del estamento político y del Estado salvadoreño, no hay un solo funcionario o político profesional interesado en pedir disculpas y resarcir los daños causados; interesado en dar a tención psicológica a estas víctimas colaterales de la “medidas extraordinarias” implementadas por el gobierno. No hay un solo político interesado en levantar un censo aproximado del total de víctimas colaterales de unas medidas extraordinarias de dudosa eficacia. No hay un solo diputado interesado en impulsar una ley que obligue a indemnizar a las víctimas de la ineficacia, la inoperatividad y la corrupción de las instituciones del Estado.

No son pocos los intelectuales y analistas de la realidad, para los que, el sistema judical del país, es un sistema fallido y la Corte Suprema de Justicia, actúa en su necesaria depuración, tarde, mal y nunca …

 

(*) “medidas extraordinarias” es una controvertida táctica antipandillera impulsada por el Estado salvadoreño, consistente principalmente en reforzar con militares la acción policial y a laxar las atribuciones de la Policía Nacional Civil en la represión del crimen. Comparada a los reportes noticiosos, esta táctica ha creado una sensación de guerra interna y agudizado la tendencia de las pandillas al asesinato masivo. El efecto contrario al deseado al momento de su puesta en práctica.

Pablo Perz

 

 

 

 

 

 

 

 


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