De el poder político del crimen

Internacional

Todo conglomerado social con intereses comunes, desarrolla cierta conciencia, cierto instinto; la inteligencia colectiva, que le impulsa a avanzar hábilmente, en pos de sus objetivos. Los conglomerados del crimen no son la excepción; ya cuentan con decisiva influencia en esferas del poder político, y a todas luces pugnan por poner la totalidad del Estado a su servicio. Es la tendencia en el mundo globalizado de hoy.

Las cada vez más poderosas agrupaciones mafiosas, carteles del narcotráfico y redes políticas corruptas, no malgastan sus mejores esfuerzos en captar leguleyos y tinterillos de segunda o tercera categoría. Tales agrupaciones se encuentran enfrascadas en captar a su servicio, a los más altos magistrados del órgano judicial, parlamentarios y hasta ministros del aparato del Estado.

La ostentación y demostraciones de fuerza por parte de la criminalidad, sobre todo a nivel del órgano judicial, son cada vez más visibles.

Ha ocurrido en España un caso inexplicable.

La brillante carrera del renombrado abogado y juez, Baltasar Garzón, ha sido, por fin, irremisiblemente arruinada a partir de la decisiva influencia que poderosas redes criminales y de políticos corruptos ejercen sobre el poder judicial.

Como sucede en nuestro país, desde el interior de la cárcel, los delincuentes, con la valiosa ayuda de sus abogados, movieron los hilos judiciales, con habilidad suma, hasta lograr la debacle del juez que los había encarcelado.

La ruina de la impecable carrera de Garzón, implica dos capítulos decisivos.

En el primero de estos capítulos, una supuesta falta de procedimiento en la recopilación de pruebas en el caso “Gürtel”, fue suficiente para que el Tribunal Supremo de España (equivalente a la Corte Suprema de El Salvador), fallara a favor de separar a Garzón de este caso.

El error de procedimiento consistió en que, ante las evidencias que, los abogados de los imputados estaban actuando como enlaces entre los miembros de la trama encarcelados y los que estaban libres, a fin de elaborar y perfeccionar falsas coartadas, ordenó el juez Garzón, grabaciones secretas de las conversaciones, y de los mensajes que se transmitían entre sí los implicados.

La trama Gürtel la conformaban un grupo delictivo encabezado por un empresario, firmemente vinculado a políticos del Partido Popular y a su máximo ideólogo, José María Aznar.

“Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios” (Agencia EFE).

Un negocio con muchas similitudes al de Iñaki Undargarín, yerno del rey de España.

Undargarin está siendo investigado por fraude y apropiación de fondos públicos, falsedad documental, fraude fiscal y evasión de capitales, todo lo cual le significó ingresos ilícitos por valor de unos 17 millones de euros, provenientes de instituciones públicas y empresas privadas.

Iñaki Urdangarin, presidente del Instituto Nóos, una asociación sin ánimo de lucro dio forma a una fundación para niños marginados, discapacitados y enfermos de cáncer, de la que se sirvió, para engañar a la Hacienda española y para esconder fondos públicos en Belice, paraíso fiscal.

Del mismo modo que en su momento, en el marco del caso Gürtel, pasó Garzón de investigador a investigado; el juez a cargo del caso Undargarin, está corriendo la misma suerte. Ya está siendo investigado por presuntas faltas procesales.

En el segundo capítulo de la ruina de la carrera del brillante juez Garzón; ante el clamor de miles de españoles que se ven imposibilitados de cerrar sus heridas, a causa que el Estado no les permite rescatar a sus difuntos de fosas comunes para darles cristiana sepultura, Baltasar Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo a fin de que el pueblo español, conozca la verdad de lo sucedido e identifique plenamente a los autores de esos hechos.

Choca aquí el juez con una ley española curiosamente parecida a la Ley de Amnistía que rige en El Salvador.

La declaratoria de Garzón, le valió la apertura de un proceso judicial a nivel del Tribunal Supremo de España, que se vio acelerado con el arribo del Partido Popular al gobierno de ese país

Prominentes miembros del Partido Popular resultan implicados en el caso Gürtel.

El proceso abierto y conducido por el juez Luciano Varela, para quien la capacidad y honestidad del procesado ha sido siempre su bestia negra, concluyó el 9 de febrero de 2012 con una condena que inhabilita a Baltasar Garzón para ejercer la carrera judicial por un período de once años.

Debilita de este modo la justicia, el máximo tribunal; a la vez que fortalece al crimen.

Quizás jugó en contra del aludido juez, el carácter gregario de la especie humana.

Garzón no es gregario. No quiso asimilarse a ningún gremio de abogados ni de juzgadores; tampoco quiso afiliarse a ningún partido político. Su efímero paso por el PSOE fue accidentado y tormentoso. No obstante se enfrascó en batallar en contra de todo lo que, desde su condición de juez le pareció que debía hacerlo.

Batalló el juez en contra de la impunidad de los crímenes cometidos por las dictaduras latinoamericanas; en contra de la violación de los derechos humanos en Guantánamo.  Incluso contra los ánimos independentistas de vascos y, catalanes, lo cual le llevó a enfrentarse con el gobierno de Venezuela.

En la búsqueda por la justicia ideal, Baltasar Garzón se vio al final como la voz que clama en el desierto. Esta soledad fue hábilmente aprovechada por el crimen y la corrupción, para sacarle del juego.

Sucede que la criminalidad no busca la soledad, todo lo contrario, requiere la compañía y complicidad de los funcionarios y políticos corruptos.

No es casual que en El Salvador, altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia caracterizados por entorpecer la depuración de jueces señalados e implicados en actos de prevaricato y corrupción, son los magistrados que con más entusiasmo se autoproclaman como los mejores prospectos para presidir el máximo organismo judicial en nuestro país.  

Juan Aguilar